Seis meses de prisión en suspensión por cobrar un cheque falso

Seis meses de prisión en suspensión por cobrar un cheque falso

La Audiencia Provincial de Salamanca ha acogido en la mañana del martes el juicio contra A.L.C.G, acusado de presentar un cheque falso presuntamente firmado por la que era su pareja recibiendo más de mil euros. Los hechos se retrotraen al 22 de junio de 2009 cuando el acusado acudió al Banco Santander con un cheque cruzado que le fue ingresado después del pertinente proceso que, según la directora de la sucursal donde ocurrieron los hechos, se cumplió legalmente. Posteriormente, la pareja denunció el robo del dinero de su cuenta bancaria. 

De hecho, la propia directora defendió en la vista que no es habitual, cuando se trata de cantidades pequeñas, el comprobar la firma y que, incluso, en esta ocasión era imposible ya que la denunciante no tenía cuenta en el Banco Santander, por lo que no existían datos de la firma. En estos casos, de hecho, el único requisito que marca la legislación es que se ingrese en una cuenta, ya que no se puede dar el dinero en efectivo. 

El Ministerio Fiscal pedía por estos hechos dos años de prisión para el acusado por un delito de estafa y otro de falsedad documental a lo que, sin embargo, se le ha aplicado la excusa absolutoria por el de estafa al mediar entre denunciante y acusado una relación de pareja en el momento de los hechos. Por ello, se ha pedido finalmente seis meses de prisión por el delito de falsedad documental y el abono de los 1.067 euros sustraidos más los intereses legales como responsabilidad civil.

La pena, sin embargo, queda en suspensión con la imposición de no cometer delito durante los próximos dos años y procediendo al pago de la responsabilidad civil en los próximos dos meses. Lo que tendrá que dirimir el Tribunal es la responsabilidad civil subsidiaria que pudiera tener el Banco Santander por la falta cometida en el cobro del cheque. Ante ello, el abogado defensor del banco ha alegado que no se cumplen los requisitos para ello ya que no existe ilegalidad ni mala fe, ya que ni siquiera se podía comprobar la firma. El Ministerio Fiscal, en cambio, cree que sí existió responsabilidad.  

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