VOX considera necesario que los partidos saquen "sus sucias manos del poder judicial"

VOX considera necesario que los partidos saquen "sus sucias manos del poder judicial"

Con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, el líder de VOX y candidato número uno al Congreso, Santiago Abascal, ha recordado que en España todavía hay más de 1.700 causas judiciales abiertas y más de 500 personas imputadas, entre políticos, sindicalistas, empresarios o funcionarios. "En VOX venimos proponiendo hace meses unos controles estrictos y efectivos para luchar contra la corrupción política. Sin embargo, creemos que ninguna medida funcionará si no tenemos un poder judicial independiente de cualquier injerencia de los otros poderes del Estado o de cualquier grupo de presión política o económica", ha señalado Abascal. 

En este sentido, Santiago Abascal considera fundamental que "el acceso a los distintos puestos referentes a la Justicia debe ser siempre por concurso público de méritos, con el mayor nivel de exigencia formativa y experiencia profesional". 

Además, el líder de VOX aboga por introducir mecanismos que garanticen la transparencia en las instituciones del Estado, y lograr una independencia efectiva de los órganos de control de la actividad económica y financiera pública, como el Tribunal de Cuentas, la Intervención del Estado y la Agencia Tributaria, respecto de los partidos políticos. Para Abascal la única solución para luchar contra la corrupción pasa por VOX, ya que es el único partido que puede combatir la corrupción sin demagogias y sin ataduras del pasado.
 
Asimismo, Santiago Abascal ha enumerado las principales medidas que su partido quiere llevar a cabo para acabar con la corrupción política en España: que los cargos públicos presenten una declaración patrimonial de bienes antes y después de ejercer el cargo; someter a los cargos del Congreso, Senado, Comunidades y Municipios a una inspección periódica cada 3 años para controlar el uso de dinero público; suprimir los aforamientos y exigir la devolución del dinero antes de disfrutar de cualquier beneficio penitenciario; eliminar el indulto en favor de los poderosos; y por último, inhabilitar a las personas condenadas por delitos de corrupción para evitar que accedan o se mantengan en cualquier cargo público, que puedan contratar con Administraciones y empresas públicas o recibir cualquier financiación pública.

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