Agredir a un profesor podrá ser penado con hasta cuatro años de cárcel

Agredir a un profesor podrá ser penado con hasta cuatro años de cárcel
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado el Proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado por el que el colectivo dispondrá de presunción de veracidad en sus informes y declaraciones en caso de versiones contradictorias en un litigio derivado de su función docente. Asimismo, y como consecuencia directa del reconocimiento como autoridad pública, en el supuesto de que el profesorado sea víctima de agresiones o intimidaciones graves derivadas de su tarea docente, estas podrán ser calificadas como delitos de atentado a la autoridad, lo que significa un endurecimiento en las penas de los autores.
 
El proyecto de ley reconoce la autoridad del profesorado y fomenta la consideración y el respeto que merecen en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, con el fin de procurar el adecuado clima de convivencia en los centros educativos de Castilla y León y garantizar el derecho a la educación del alumnado. Una consecuencia directa del reconocimiento de autoridad pública, en el ámbito penal, es que las agresiones o intimidaciones graves al profesorado deber ser calificadas como “delitos de atentado a la autoridad” (art. 550 del Código Penal), castigados con penas de 2 a 4 años de prisión y multas de 3 a 6 meses.
 
En el modelo educativo de la Comunidad el impulso de la autoridad del profesorado se configura como uno de los aspectos claves para conseguir un adecuado clima de convivencia en los centros. Así queda ya recogido en el Plan de Convivencia Escolar, puesto en marcha desde el curso 2004-2005, convirtiéndose en una de las primeras Comunidades Autónomas de España en dar respuesta a la preocupación educativa y social por el tema y desarrollar un intenso programa de actuaciones para la mejora de la convivencia escolar como aspecto estructural directamente vinculado a la calidad del sistema educativo.
 
El Plan de Convivencia Escolar de Castilla y León incluye, además, otras innovadoras aportaciones como la figura del coordinador de convivencia de centro –existente en todos los centros públicos de Castilla y León y en la práctica totalidad de los centros privados concertados-, como persona especialmente encargada de impulsar el plan de convivencia y el buen clima en las aulas, así como la creación, mediante un intenso programa formativo, del alumnado ayudante y mediador en caso de conflictos.
 
Además de estas actuaciones, es preciso destacar la publicación, en 2007, del Decreto por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los centros, que ya en su exposición de motivos incluye el refuerzo de la autoridad del profesorado como uno de sus ejes.
 
La aprobación del proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado continua avanzando en esta línea, ya que permitirá que los profesores puedan realizar con éxito la elevada tarea que la sociedad les encomienda y garantizará el derecho individual a la educación, porque para mejorar la convivencia en los centros docentes, los resultados académicos y aumentar la calidad es preciso transmitir que el profesorado, además de la autoridad que le confiere sus conocimientos, está investido de una autoridad institucional por ejercer la función docente y ser, con ello, garante inmediato del derecho constitucional de la educación, y esa es la finalidad principal del proyecto de ley.
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