Compromís acusa al Gobierno de inhibirse en el caso de la mina de uranio de Retortillo

Su portavoz en el Senado, Carles Mulet, ha formulado un pregunta escrita y la respuesta ha sido la remisión de competencias, que corresponden a la Junta de Castilla y León

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Cales Mulet, senador de Compromís, ha registrado una pregunta por escrito para que sea respondida por el Gobierno en relación con el proyecto de explotación del yacimiento de uranio Retortillo-Santidad, situado en la provincia de Salamanca.

El Ejecutivo señala, en primer lugar, que la competencia sobre este proyecto, tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el punto de vista minero, corresponde a la autoridad autonómica, en este caso a la Junta de Castilla y León. En este sentido, recuerdan que la autorización de concesión de explotación del recurso minero por parte de la Junta fue concedida el 8 de abril de 2014 por parte de la Dirección General de Energía y Minas de la institución regional.

Asimismo, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, como órgano administrativo medioambiental, el 25 de septiembre dictó la Declaración de Impacto Ambiental favorable sobre el proyecto de explotación. El Gobierno indica que la única parte del proyecto cuya autorización corresponde al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital son las autorizaciones como instalación radiactiva de primera categoría del ciclo de combustible nuclear de la planta de fabricación de concentrados de uranio incluida en el proyecto.

Por tanto, el seguimiento y la vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta Declaración corresponde a los órganos competentes autonómicos, en particular a la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, sin perjuicio de las competencias atribuidas al órgano ambiental, Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental.

Ante esta respuesta, la interpretación del senador Mulet es que “el Gobierno central vuelve a echar balones fuera”. Para el portavoz de Compromís en el Senado, " es una vergüenza que ante un cúmulo de irregularidades el Gobierno se dedique a mirar hacia otro lado con la excusa del reparto competencial, en este caso no les sirve la excusa del artículo 155 de la Constitución”, ha concuido.

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