Así lo afirmó el conseller de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, en respuesta a una pregunta parlametaria formulada por el Partido Popular. La ley antitaurina aprobada por el Parlament en julio de 2010 subraya que el Gobierno de Cataluña es el encargado de determinar el importe de la compensación económica a los titulares de derechos subjetivos afectados por la prohibición, 'con audiencia a los interesados'.
Un estudio patrocinado por entidades taurinas ha fijado la compensación entre 300 y 500 millones de euros, teniendo en cuenta el daño emergente y el lucro cesante, y tomando como base las 111.000 entradas vendidas en 2007 a una media de 40 euros cada una, sin embargo según informa el diario La Vanguardia en su edición digital, el portavoz del Govern, Francesc Homs, ha señalado que las indemnizaciones no serán millonarias, puesto que 'la afición taurina ha descendido en los últimos años'.
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