UGT ha denunciado durante la mañana de este miércoles en la capital vallisoletana el bloque en la negociación del convenio colectivo del personal laboral de las cuatro universidades públicas de la Comunidad (Salamanca, Valladolid, León y Burgos). "La situación es insostenible por la inacción de la Junta respecto al desarrollo de la normativa LOSU. Entró en vigor en abril de 2023 y, más de medio año después, no se ha llegado a un acuerdo autonómico para actualizar y mejorar las condiciones laborales de los docentes, administrativos e investigadores", ha señalado Beatriz García, secretaria del sector de la Enseñanza del sindicato en Castilla y León.
La ausencia de un acuerdo regional propicia una situación "muy dispar" en los distintos campus públicos de Castilla y León. "Cada uno está haciendo lo que le viene en gana y llegando a acuerdos propios con diferencias muy significativas entre sí", como las existentes a nivel salarial y respecto a la carrera profesional. "No está recogida en el convenio, pero en Salamanca y León tenemos tanto para laborales como para funcionarios. En Valladolid solo para empleados públicos y Burgos no tiene absolutamente nada", ha añadido Alegría Alonso, delegada de UGT SP en la USAL y miembro del colectivo PTGAS.
"El convenio no satisface para nada los problemas que tenemos"
El sindicato denuncia que el actual convenio colectivo fue aprobado en 2006, por lo que no solo recoge categorías profesionales que ya no existen, sino que elude las nuevas y relacionadas con la informática o la gestión de la investigación. "Los derechos han cambiado mucho desde entonces y se ha aprobado la LOSU, que, como toda ley orgánica, requiere un desarrollo normativo en cada comunidad autónoma porque hay que adaptarla a las necesidades de cada territorio", ha explicado Alegría Alonso durante la rueda de prensa de este miércoles.
La salmantina recuerda que en las cuatro universidades públicas trabajan unas 11.000 personas y, por ende, se trata de un colectivo "muy grande afectado por una manera de hacer las cosas, la de la Junta, que deja bastante que desear". Cualquier acuerdo entre los campus, de no tener la autorización o la dotación presupuestaria del gobierno regional, carece de validez, por lo que solicitan que el diálogo social se haga efectivo cuanto antes. "Creamos nuevas titulaciones, abrimos facultades, pero la plantilla no crece y sigue con salarios estancados", ha concluido.
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