Denuncian que casi 5.000 universitarios tendrán que devolver las becas recibidas en los últimos años en Castilla y León

La coordinadora estudiantil de Castilla y León, formada por seis organizaciones estudiantiles de la comunidad -CEA y CES de Salamanca, Estudiantes en Movimiento León, EDUP y Alternativa Universitaria de Valladolid y AEPO, del Páramo y Órbigo (León)-, califica esta situación como “injusta”

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Esta semana se supo que la Secretaría de Estado de Educación exigirá a 4704 estudiantes universitarios de Castilla y León la devolución de sus becas, debido a la modificación de los requisitos académicos para obtenerlas, realizada por el ex-ministro de educación José Ignacio Wert durante el gobierno del Partido Popular.

Este endurecimiento en los criterios se tradujo en que, actualmente, para obtener una beca estatal, un estudiante, dependiendo de la carrera que estudie, deberá aprobar entre el 60% y el 90% de los créditos en los que se matricule. Anteriormente se exigía aprobar del 50% al 60% de los créditos matriculados y asistir al 80% de las clases.

Esta coordinadora califica este tipo de criterios como “injustos”. “No se tiene en cuenta el contexto social y económico de los estudiantes; se obvia que miles de estos se ven obligados a trabajar para costearse sus estudios”. “Este tipo de medidas persiguen la elitización de la educación, ya que obligan a los estudiantes de clase trabajadora a abandonar los centros universitarios, tal y como viene pasando desde 2011”, señalan.

“No debemos olvidar que la educación es un derecho, y el estado debe asegurar y garantizar que nadie, por motivo de su situación económica, pueda ser privado de estudiar una carrera” argumentan.

Por último, las diferentes asociaciones integrantes de esta coordinadora elevan una serie de exigencias al gobierno estatal: “Exigimos al nuevo Gobierno que revierta todos los recortes educativos implantados durante el mandato del Partido Popular, que derogue la L.O.M.C.E y que permita la realización de una ley educativa justa, que nazca de las aulas y que blinde la educación como derecho, construyendo un sistema de becas que atienda a criterios económicos y no académicos, y que de esta manera se permita a la clase trabajadora acceder a estudios superiores”. 

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