El salón de grados de la facultad de Derecho ha abierto hoy sus puertas al curso que durante toda esta semana se llevará a cabo en el mismo. Bajo el título ‘Instrumentos jurídicos y operativos de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas de carácter nacional’ importantes especialistas en el estudio y la lucha contra el delito de tráfico de drogas abordaran el que será el primer programa formativo de España en esta cuestión. Este curso se enmarca dentro del proyecto europeo ‘I.F.O. Illegal Flow Observation’ y está organizado por el Departamento de Ciencias de la Seguridad de la Universidad de Salamanca en el que ha colaborado la Universidad de Palermo y la Fundación Rocco Chinnici.

El encargado de impartir la conferencia inaugural ha sido el magistrado de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, quién con su larga experiencia en temas de terrorismo ha defendido la cuestión ‘Tráfico de drogas: medios especiales de investigación y límites’. En ella, Gómez Bermúdez ha resaltado el buen lugar que ocupa España en la lucha contra el crimen organizado con respecto a otros países. Según el magistrado, “España tiene una posición preminente gracias a que contamos con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado así como con la Audiencia Nacional, todos ellos órganos muy especializados en esta lucha, y así lo reconocen los servicios de países tan muy avanzados como Estados Unidos o Reino Unido”. 

En esta misma línea, el magistrado de la Audiencia Nacional ha destacado la buena relación y cooperación que existe entre España y el resto de países en la lucha contra el narcotráfico. Aunque Gómez Bermúdez la ha calificado de “muy buena” ha señalado que habría que dar un paso más en la lucha contra el narcotráfico como sería el cambio de ciertas normas de persecución. El juez Bermúdez ha reconocido que una cuestión pendiente en esta lucha  y en la que habría que invertir más es el relacionado con los bienes del narcotraficante ya condenado y, es que, según ha explicado, “a veces nos enfrentamos con situaciones que obligan a probar que algún bien es de procedencia lícita cuando el principal fin que persigue el narcotráfico es un determinado lucro”. 

 

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