La Coordinadora de Estudiantes de Castilla y León, queagrupa a asociaciones estudiantiles de toda la comunidad, ha emitido uncomunicado en el que señala que el coronavirus “no sólo nos ha afectado en elámbito académico”, sino que también lo ha hecho “sobre los miles de estudiantesdesplazados que viven en pisos de alquiler o residencias” y que ahora seenfrentan a la incertidumbre de no saber que será del pago de los meses deconfinamiento.
Antes de la aplicación del estado de alarma, las autoridadessanitarias de Castilla y León tomaron la decisión de cerrar las residenciaspúblicas de estudiantes, mandando a todos estos estudiantes “a casa”, salvo aaquellos que convivieran con personas de riesgo en sus domicilios familiares oque por razones de fuerza mayor no pudieran volver a sus casas. Para estacoordinadora, el anuncio llegó de manera “precipitada y repentina” y denuncianque los estudiantes tuvieron que abandonar sus residencias con muy pocaantelación.
Esta coordinadora, formada por seis organizacionesestudiantiles de la comunidad -Salamanca cuenta con la representación de dos: CEAy CES-, exige la “inmediata devolución del pago de las habitaciones, comedoresy demás servicios contratados durante el periodo de tiempo en el que semantengan cerradas las residencias” y, por otra parte, también exige laremuneración de los costes que supuso a los estudiantes desplazarse hasta sulugar de origen.
Según afirman, la justificación de estas exigencias seencuentra en que el abandono fue “obligatorio” y, por ello, los estudiantes nodeben hacer frente a las consecuencias económicas de una decisión tomada porlas autoridades sanitarias.
Recuerdan, además, que la medida, adoptada por la Junta ypor todas las universidades públicas de la comunidad autónoma obliga a estas aadoptar medidas “para no dejar a ningún estudiante atrás”.
Por otra parte, y de cara al futuro y a una posibleampliación del periodo académico para la realización de actividades que nopueden llevarse a cabo de manera telemática, la Coordinadora de Estudiantes deCastilla y León apuesta por la puesta a disposición de las residencias públicaspara aquellos estudiantes que lo necesiten de manera gratuita. “La ampliacióndel periodo académico no puede suponer un sobrecoste para los estudiantes,muchas de las cuáles no pueden permitirse asumir un mes más de alquiler,especialmente aquellas de extracción popular”, aseveran.
También señalan que los estudiantes desplazados seencuentran completamente desamparados para hacer frente al pago de un alquiler“que resulta inasumible” y por ello han mostrado su apoyo la huelga dealquileres de la cual forman parte más de 200 organizaciones y que exige algobierno estatal medidas que cubran los derechos más básicos durante elconfinamiento.
Por último, sentencian: “Debe garantizarse que todos losestudiantes, independientemente de sus circunstancias económicas, puedansobrellevar esta situación sin más dificultades que las que ya supone seguir elcurso a través de la teledocencia”.