Expertos y estudiantes de la USAL alertan de que el certificado de vulnerabilidad puede convertirse en una barrera

Las Clínicas Jurídicas de la Universidad de Salamanca y la Universidad de La Rioja han presentado un informe en el que reclaman flexibilizar el certificado de vulnerabilidad exigido en el nuevo proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras en España. El documento, que ya suma más de 900 adhesiones, ha sido remitido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con el objetivo de que se revisen algunos de los requisitos establecidos en la normativa.

El informe analiza el procedimiento aprobado mediante el Real Decreto 316/2026, que obliga a las personas solicitantes a acreditar determinadas condiciones para acceder a la regularización, entre ellas la llamada “vulnerabilidad acreditada”. Las Clínicas Jurídicas consideran que esta exigencia puede convertirse en una barrera innecesaria para quienes ya se encuentran en una situación especialmente precaria por su condición administrativa irregular.

Los autores sostienen que exigir un certificado específico de vulnerabilidad contradice el propio espíritu del proceso de regularización, ya que muchas de las personas afectadas viven de por sí en contextos de exclusión social o inseguridad jurídica. Por ello, defienden que la Administración debe facilitar el acceso al procedimiento y evitar cargas burocráticas que compliquen aún más la situación de los solicitantes.

Entre las principales medidas propuestas destaca que las administraciones públicas obtengan directamente la información necesaria sin obligar a las personas interesadas a presentar documentos que ya obran en poder del Estado. Además, plantean que las entidades competentes puedan acreditar la vulnerabilidad mediante declaraciones responsables de los propios solicitantes y que, mientras se tramita el certificado, sea suficiente con aportar el justificante de haberlo solicitado.

El informe ha sido elaborado por estudiantes de Derecho, Criminología y del Máster de Acceso a la Abogacía de ambas universidades, bajo la coordinación de profesorado especializado en Derecho Internacional Privado, Derecho Administrativo y Trabajo Social. La iniciativa busca ahora ampliar el respaldo social e institucional para que el Gobierno tenga en cuenta estas propuestas y facilite el acceso al proceso extraordinario de regularización.