La jornada que lleva por título “Los planes antifraude para las Universidades Públicas. Aprendiendo de las mejores prácticas”, será inaugurada por el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero y contará con la participación del vicerrector de postgrado y enseñanzas propias, Nicolás Rodríguez, impulsor durante dos décadas de los estudios de doctorado y master en la USAL sobre corrupción y buen gobierno; así como la del gerente de la Universidad, Ricardo López.
Les acompañarán el director de la Oficina Nacional de Auditoría, Jorge Castejón, así como de representantes del Ministerio de Universidades que explicarán su propio plan antifraude en la gestión de los fondos europeos, dentro de la metodología que ha exigido el Ministerio de Hacienda español.
La actividad será semi-presencial, con la mitad de los ponentes en remoto y un aforo limitado de asistentes en el salón de actos de la Hospedería de Fonseca. Gracias al patrocinio de UNIVERSITASXXI la inscripción en el seminario será gratuita para todos los asistentes y se incluye dentro del programa de trabajo anual de la comisión sectorial de gerentes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ante la obligatoriedad de establecer este tipo de mecanismos para acceder a los fondos europeos, hasta el punto de considerar un incumplimiento su ausencia y de posibles reintegros de subvenciones concedidas a quien no los establezca.
El núcleo central de la jornada será la exposición de los planes antifraude de las Universidades de Zaragoza, Castilla-La Mancha y Cádiz, consideradas entre las mejores prácticas nacionales. A la reunión han confirmado su asistencia diversos miembros de la mesa de gerentes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) que ha mostrado así su preocupación por este tema, cuya inobservancia puede traer importantes consecuencias para las instituciones incumplidoras.
Se otorgará el diploma oficial acreditativo que podrá contar como formación en los respectivos planes, surgidos tras la Orden HFP/1030/2021 de 30 de septiembre que configura el sistema de gestión de los fondos Next Generation. En esa Orden se exige implantar medidas de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y el conflicto de intereses. Daba para ello un plazo de 90 días desde su entrada en vigor o desde su conocimiento. Entre las actuaciones obligatorias para los órganos gestores señalaba realizar la evaluación de riesgos de fraude y la aprobación del correspondiente «Plan de medidas antifraude» cumpliendo los requerimientos mínimos que incluía la norma.
El programa de la jornada, así como las inscripciones están disponibles en la web https://bit.ly/3KmIUH7
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