La consejera de Educación, Rocío Lucas, celebró este jueves la “temporalización” de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario, una vez concedido un margen de cuatro años para su implantación, pero solicitó financiación al Ministerio del ramo para llevarla a cabo. “Siempre dijimos que era imposible de cumplir y la realidad nos está dando la razón. Y lo que ahora tenemos que ver en los grupos de trabajo es cómo se se hace la temporalización. ¿Quién asume esa financiación?”, se preguntó.
La consejera manifestó, en declaraciones recogidas por Ical en el Campus Unamuno de la Universidad de Salamanca que, desde su punto de vista, le corresponde al Estado aportar fondos. “Porque, vuelvo a insistir, que es una financiación del Ministerio de Universidades, puesto que es la ley la que obliga a ese tipo de actuaciones y en eso trabajaremos de forma conjunta”, manifestó ene este sentido, tras mostrar su malestar porque Castilla y León no fuera incluida en el último grupo de trabajo.
“Ya en reiteradas ocasiones, al anterior ministro de Universidades le planteábamos que es una ley de imposible cumplimiento, que venía con unos plazos de imposibles ejecuciones y que venía con un impacto presupuestario imposible de asumir. Cuando ha tomado posesión la nueva ministra de Universidades, las comunidades autónomas en general, yo creo todas, pero voy a hablar por Castilla y León, le planteamos nuevamente la imposibilidad de cumplir con este curso que ya arrancaba, o sea que estamos preparando, el calendario de la ley”, resumió la consejera.
En este sentido, la petición fue acerca de la temporalización de la misma, por un lado, y la financiación. “En la última reunión, en la que hubo un grupo de trabajo en el que no estaba Castilla y León, y también fuimos muy críticos y muy exigentes en formar parte de ese grupo de trabajo, pero ya por fin se nos ha reconocido, se adoptó entre todos la temporalización. O sea, han dado un margen de cuatro años inicialmente para implantar la ley. Ya veremos si eso es suficiente o no suficiente”, receló.
En cualquier caso, al consejera reiteró sus dudas acerca de la redacción de esta normativa. “Bueno, como saben, con el tema de la LOSU hemos sido desde la Junta de Castellón muy críticos en la medida de que es una ley que se implantó por parte del Ministerio sin contar con las comunidades autónomas y sin contar con las universidades, por lo menos con el sector universitario de nuestra comunidad autónoma”, remarcó.
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