La Universidad desde sus orígenes se ha entendido como un proyecto de conocimiento superior obtenido a través del conjunto de los saberes. Su función como institución ha trascendido por mucho su cometido formador, convergiendo en un espacio de diálogo, donde multitud de ideologías y corrientes de pensamiento han convivido, confrontado y evolucionado a través del debate y la discusión intelectual.
Las universidades siempre se han entroncado con la vanguardia de los tiempos, siendo incluso ariete de modernidad en épocas donde la sociedad se encontraba sojuzgada en marcos reaccionarios. Así fue durante el periodo franquista, en el cual los centros universitarios sirvieron de un refugio para aquellas corrientes democráticas, en su mayoría de tendencia izquierdista, que reclamaban el fin de la dictadura en nuestro país.
Por todo ello, sorprende que las universidades de nuestro país hayan estado regidas hasta ahora por un reglamento de disciplina aprobado durante el régimen franquista, rubricado por el dictador en un decreto de 1954. En dicha norma, que ha quedó obsoleta desde prácticamente su aprobación, se sancionan cuestiones como los desórdenes públicos, la falta de probidad (honradez) o la difamación de los estudiantes. Un reglamento que choca frontalmente con los derechos y libertades recogidos por nuestra Constitución.
Ahora, este vademécum disciplinario toca a su fin con la aprobación este pasado martes del anteproyecto de la Ley de Convivencia Universitaria, un reglamento que actualiza la normativa, desecha “faltas” obsoletas y aborda cuestiones vigentes como las novatadas, el plagio o el acoso sexual. Estas infracciones, así como otras como el boicot de los procesos electorales dentro de la universidad, pasarán a ser consideradas como faltas graves, acarreando sanciones que supondrán la expulsión de la universidad entre dos meses y tres años o la pérdida de derechos de matrícula durante un curso académico.
La Universidad de Salamanca (USAL) será una de las universidades que verá actualizado su reglamento, si bien es cierto que muchas de las novedades ya estaban contempladas en las normas internas de la institución y las faltas que recogía el decreto franquista no están siendo penadas por su absoluta desconexión con la realidad de los tiempos.
Celia Aramburu, vicerrectora de estudiantes y sostenibilidad, ha atendido a SALAMANCA24HORAS y ha respondido a algunas de las innovaciones del nuevo anteproyecto de la ley.
Novatadas. “Las novatadas están prohibidas desde hace tiempo y la Universidad de Salamanca, así como las cuatro instituciones universitarias de Castilla y León, siempre ha mantenido una posición muy firme al respecto. Es cierto que cada comienzo de curso vemos a grupos de estudiantes que parecen estar realizando novatadas; evidentemente, no es lo mismo hacer una broma que llegar a comportamientos denigrantes o vejatorios para las personas, pero siempre tenemos que estar vigilantes ante conductas de este tipo. Sin embargo, hay que ser realistas y conscientes de que son actitudes muy difíciles de atajar en contextos no universitarios”.
Plagio. “los profesores de la USAL contamos con las herramientas necesarias para que un trabajo plagiado no se presente: tanto los directores de tesis como los tutores de trabajos de fin de grado o máster cuentan con estas herramientas y, como es lógico, un plagio no pasa nunca el filtro”.
Situaciones de acoso. “El acoso sexual es ya una falta grave y no estoy hablando sólo de un contexto universitario: es un delito. Es evidente que en este aspecto ninguna universidad puede hacer nada más que cumplir las leyes en vigor”.
Una actualización necesaria. “Es un reglamento totalmente obsoleto que tiene que ser sustituido por otro acorde con el tiempo actual, esto es incuestionable. La convivencia democrática no puede penalizar diferentes “faltas” que se mencionan en dicho reglamento, pero tampoco podemos pensar que no se ha hecho nada por no tener un marco legal actualizado porque sí lo tenemos. Los Estatutos de la Universidad de Salamanca reflejan que “Los estudiantes tienen los derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes” (Capítulo segundo. Art. 135) y en el Art. 159 señalan que es un deber de los estudiantes “respetar las normas vigentes en los diferentes Centros universitarios”, normas que se ajustan a la legalidad vigente”.
La mediación, herramienta de solución de conflictos. “En la Universidad de Salamanca existen dos figuras muy importantes en este sentido: el Defensor del Universitario y el Instructor que se ocupan de estas cuestiones con total garantía para las partes y respetando escrupulosamente la legislación vigente. Además, el Servicio de Asuntos Sociales cuenta con una unidad de mediación que actúa siempre que se le requiere”.
En la que se prevé que sea la nueva Ley de Convivencia Universitaria se les otorga la potestad a las universidades de sancionar disciplinalmente las infracciones del estudiantado, siendo el titular del Rectorado el responsable de esta tarea. En caso de las faltas leves podrá designarse una persona titular de un vicerrectorado. Por el momento, desde el equipo de Gobierno de la USAL no confirman la posibilidad de crear un nuevo cargo para cumplir este papel y prefieren ser cautos: “Habrá que esperar a tener el documento definitivo y aprobado para valorar esa cuestión”.
Una de las novedades más cuestionadas en el anteproyecto está siendo la consideración como falta grave los escraches o boicots a actos celebrados en la universidad. En 2016 se produjo un acto de esta índole en la Universidad de Salamanca cuando el padre de Leopoldo López, opositor al Gobierno de Venezuela, acudió a ofrecer una charla en la Facultad de Derecho. Aramburo detalla que en esto casos “se han resuelto sin ningún problema mayor” y aboga por el diálogo y no la sanción para este tipo de actuaciones: “Somos universitarios y se presupone que el diálogo es el fundamento de nuestra actuación en cualquier contexto”.
Los estudiantes celebran la futura ley, pero lamenta que no afecte a profesores
Estudiantes universitarios celebran el anteproyecto de Ley de Convivencia Universitaria, que deroga el Reglamento de disciplina académica de los Centros oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica, decreto firmado por Franco que data de 1954, pero lamentan que sólo se aplique a los estudiantes y no a toda la comunidad universitaria.
"Consideramos un paso que derogue el régimen del 54 y se trabaje en una nueva ley que encaje en el reglamento jurídico actual, pero no puede llamarse ley de convivencia académica cuando únicamente involucra al estudiantado y no al conjunto de la comunidad universitaria", señaló en declaraciones a Europa Press la vicesecretaria del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE), Laura Alcaide.
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