En la línea del propósito de la ONU de “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”, Miguel Ángel Verdugo y Patricia Navas, profesores del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca (INICO) han desarrollado el estudio ‘Todos somos todos: derechos y calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y mayores necesidades de apoyo’ con el propósito de analizar la situación social de las personas con discapacidad intelectual en nuestro país.
“Las personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo han sido desatendidas en las políticas sociales llevadas hasta la fecha en España”, concluyen los autores, tras el análisis de los resultados del informe recientemente publicado por el Real Patronato sobre Discapacidad, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El estudio ‘Todos somos todos’ tiene como objetivo detectar las necesidades de las personas con discapacidad intelectual en España y medir el grado de cumplimiento con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, este análisis arroja luz sobre las discapacidades asociadas que padece este colectivo, como son los problemas de movilidad, los trastornos de salud mental y las dificultades de comunicación, patologías derivadas de su condición.
Al respecto, los resultados del estudio destacan la carencia de políticas sociales para discapacitados intelectuales, situación que deriva en problemáticas como la falta de consenso a la hora de definir las características de este colectivo, la escasez de estudios epidemiológicos sobre discapacidad intelectual y el vacío legal de la normativa que deja fuera de la prestación de servicios y apoyos a aquellos cuyas limitaciones son mayores.
‘Todos somos todos’ es un estudio que va más allá de la investigación y propone nuevas líneas de actuación para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, permitiendo así mejorar su calidad de vida.