Desde el sindicato de Justicia de FSP-UGT se oponen rotundamente a esta nueva reforma del ministro Gallardón, pues supone un nuevo intento de privatizar la Administración de Justicia. “El señor ministro parece decidido a terminar con este servicio público a favor de los sectores privados, no sabemos con qué finalidad. Entendemos además, que esta nueva reforma del Gobierno es claramente contraria a la Constitución Española, toda vez entendemos vulnera el principio de igualdad consagrado en su artículo 14”, explica el sindicato.
Además, la reforme atribuye competencias a una de las partes en el proceso, “la más fuerte, los bancos, mientras que en la otra, la más débil, el ciudadano, le coloca en una situación de indefensión”, y ello, explica UGT, a pesar de que el artículo 117.3 de la misma establece de forma nítida que el ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales. “No podemos consentir que este Gobierno vuelva a diferenciar entre una justicia para ricos y otra para pobres”, añade.