Esta subida del coste es consecuencia de un encarecimiento de las tarifas en concepto de término de potencia o mínimos, que puede llegar a ser de hasta un 125 por ciento, también según lo contratado por cada uno, para un sector que consideran ya maltratado con precios bajos en origen y altos costes de producción, al que se suma ahora la energía eléctrica.
Así, si un pozo de media-alta tensión con una potencia contratada de 50 kilovatios pagaba 2.249 euros al año como parte fija de la factura con la anterior regulación -en concepto de término de potencia o mínimo-, desde el 3 de agosto abonará 5.060 euros. Este incremento no se ve compensado con la disminución del precio del kilovatio consumido, que se sitúa aproximadamente en un intervalo del 15 y 20 por ciento.
En el caso de los contratos de baja tensión, una modalidad que representa a la gran mayoría y que utilizan los regantes y muchas explotaciones ganaderas, las perspectivas son aún peores, ya que los incrementos de los mínimos para este tipo de instalaciones superan el 140 por ciento.