Segundo debate de política general para el presidente de la Junta, pero el primero de este mandato. Alfonso Fernández Mañueco acude al “examen” en las Cortes, la próxima semana, con datos de recuperación tras esta postpandemia y con el nuevo socio de Vox, cuya entrada en el Gobierno de la Comunidad ha tensado y distanciado las relaciones con la oposición. Sin embargo, él defiende que preside un Ejecutivo que “funciona” “estable” y “útil”, aunque en estos meses ha tenido que rebajar polémicas abiertas por su aliado y que han trascendido al ámbito nacional, como las del aborto, por un supuesto protocolo, la supresión del Serla o mantenimiento del Diálogo Social.
Fernández Mañueco dejó para el inicio de este primer periodo de sesiones el conocido como debate del estado de la Comunidad, que conforme al Reglamento se debe sustanciar antes del 30 de junio, para que no interfiriera en las elecciones celebradas el 23J. Precisamente, estos primeros meses del año han estado marcados por los comicios locales -no autonómicos porque los adelantó a febrero de 2022- y nacionales. Un nuevo escenario político en el que el presidente de la Junta no está solo en su pacto con Vox. Aragón, Extremadura, Baleares y Valencia han formado gobiernos con el partido de Abascal.
El debate en el hemiciclo de Villa de Prado se desarrollará unos días después de la fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo y a la espera de un nuevo Gobierno, previsiblemente de Pedro Sánchez con el respaldo de los partidos nacionalistas e independentistas, lo que critican ambos socios en la Junta que temen que Castilla y León sea una de las comunidades más perjudicadas.
La última sesión de política general de la Comunidad fue en junio de 2020, en plena pandemia y con Ciudadanos como aliado en la Junta. En 2021, su celebración no tocaba debido a la moción de censura presentada por el Grupo Socialista. Tampoco en 2022, por la convocatoria de elecciones.
Los datos
Se presenta Fernández Mañueco con datos económicos que han recuperado los existentes en 2019, antes de la crisis del COVID, según sostiene la Junta, que presume, en particular, de la caída del paro, creación de empleo (más de un millón de ocupados), aumento de las exportaciones, liderazgo en turismo rural o la valoración de los servicios sociales y de la educación, que este curso estrenó las clases de menores de 1-2 años.
No obstante, el crecimiento económico del segundo trimestre del año, presentado por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, refleja una desaceleración con un dos por ciento frente al 4,6 del primer trimestre y una variación interanual negativa de 0,2 por ciento, debido a la crisis en el sector primario. Fernández Carriedo cree que pondrán cumplir con el crecimiento del 1,6 por ciento recogido en el presupuesto.
Es en el apartado económico y fiscal es donde los socios presentan más coincidencias. La primera ley que llevaron a las Cortes fue la de rebajas tributarias. Fernández Mañueco también destaca que las primeras cuentas de la coalición de Gobierno son las más altas, las más inversoras y las que presentan una menor carga fiscal para los ciudadanos. Pero las del próximo año, que deberían registrarse en el Parlamento ante del 15 de octubre, están en el aire al no contar con los datos que debe enviar el Ejecutivo central.
Las diferencias
Medidas antiaborto, supresión del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), papel de los sindicatos, violencia de género y violencia intrafamiliar, memoria histórica o cambio climático han marcado diferencias visibles entre los socios, aunque ambos insisten en la estabilidad de su alianza.
El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), presentó un protocolo antiaborto, con medidas como realizar ecografías 4D a las embarazadas para poder escuchar el latido del feto. Hubo un requerimiento del Gobierno. Fernández Mañueco rechazó de plano que hubiera tal protocolo y garantizó que no había cambios en la atención a las gestantes.
Dos requerimientos del Gobierno llegaron por la decisión del consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones (Vox), de suprimir el Serla. Al final el servicio se mantiene con 400.000 euros para conflictos colectivos. Desde que tomó posesión, el consejero del ramo ha arremetido contra, en particular, los sindicatos, fuertemente criticado por la oposición. El presidente de la Junta afirmó que el Diálogo Social “funciona”. No le desautorizó pero tampoco le trasladó su apoyo. PP y Vox libraron a Veganzones de la reprobación de las Cortes, apoyada por todos grupos de la oposición.
En el acuerdo de gobernabilidad, Vox introdujo una ley de violencia intrafamiliar y una norma de concordia, con plazos. Ninguno de los dos proyectos ha visto la luz. Vox, como “socio leal”, confía en su cumplimiento, mientras que el nuevo consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, afirmó que la normativa de concordia “se cocina a fuego lento”.
Bono Nacimiento
La Junta puso en marcha el Bono Nacimiento, con ayudas de hasta 2.500 euros por nacimiento o adopción. En los primeros siete meses del año han sido 4.721 con 7,8 millones las solicitadas. El dato no es positivo, hasta julio, los nacimientos han caído en la Comunidad un 9,11 por ciento, con 1.118, frente a los 1.230 del mismo periodo el pasado año. La Junta ha asumido con “preocupación” su evolución.
Otro de los compromisos de investidura del presidente de la Junta, como la extensión de la educación gratuita en menores de 1 a 3 años, se puso en marcha en el curso 2022-2023, para los del tercer curso de Infantil, y este, para los del segundo.
Después de unos meses de sequía legislativa, la Junta entregó en las Cortes en los últimos meses los proyectos de ley de modificación de la ley del juego; de Patrimonio Cultural; de apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad en Castilla y León; reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León.
Sin embargo, los acuerdos con la oposición son inexistentes. El portavoz socialista, Luis Tudanca, ha acusado al presidente de romper todos los puentes y Fernández Mañueco le espeta en cada pleno de las Cortes que ni cree ni trabaja por la Comunidad. En ese marco, está pendiente la renovación de las instituciones propias, cuyos titulares (Procurador del Común, Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo y CES), tienen caducados sus mandatos.
