El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el Decreto que establece las medidas para lograr una producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición (RCDs), dentro del marco de una economía circular.
La norma se aplicará a los residuos de construcción y demolición definidos en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero; a los áridos reciclados y a los residuos inertes generados en su valorización; y a las obras o actuaciones en las que se utilicen dichos materiales, ya sean obras de infraestructuras o de edificación.
Entre las medidas que tiene por objeto este Decreto se encuentran:
- Establecer en la Comunidad de Castilla y León, dentro del marco de una economía circular, medidas para lograr una producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición (RCDs) para asegurar la separación en obra de las distintas fracciones de residuos generadas.
- Fomentar el uso eficiente de los recursos en el sector de la construcción, estableciendo la obligación del uso de los áridos reciclados en la obra pública de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
- Reforzar el uso de áridos reciclados y de residuos inertes y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de carácter ambiental de los gestores de residuos de construcción y demolición, mediante el establecimiento de una fianza para las instalaciones de tratamiento de estos residuos.
El contenido de la norma desarrolla las definiciones de árido reciclado, residuo inerte adecuado, aplicaciones ligadas, aplicaciones no ligadas y obras de restauración minera, partiendo de las definiciones establecidas en normativa estatal, pero acotando su definición y concretando su significado en el marco del uso sostenible de estos materiales procedentes de plantas de reciclaje de residuos.
La principal aportación de este texto a la economía circular, se basa en que establece la obligación de utilizar áridos reciclados procedentes de plantas autorizadas de reciclaje, en las obras públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Se establecen para ello unos porcentajes de uso de áridos reciclados sobre la cantidad total de áridos cuya utilización esté prevista en cada obra. Estos porcentajes fluctúan entre un 10% en obras de urbanización, conducciones, obras asociadas al desarrollo de redes de telecomunicación o redes de abastecimiento y saneamiento o construcción de carreteras y un 2% en obras nuevas de edificación. Con esta medida se prevé dar un importante impulso al uso de materias primas secundarias de calidad procedentes del sector del reciclaje de residuos de construcción y demolición.
El decreto fija también los requisitos para el uso del árido reciclado y para el uso de residuos inertes adecuados procedentes de las plantas de reciclaje de RCDs, cuyos usos se restringen a en restauraciones mineras, acondicionamientos y rellenos, tal y como establece el artículo 13 del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero. Además, para el caso de las restauraciones mineras se concretan asimismo requisitos de parámetros ambientales y de características del hueco minero en restauración, así como frecuencias de control.
La norma prevé el establecimiento de garantías financieras para las plantas de reciclaje de RCDs con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de carácter ambiental de los gestores de residuos de construcción y demolición, y se indica que el cálculo de la cuantía de la misma, se realizará conforme a lo establecido en el Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos, debiendo depositar la fianza el titular de la actividad de gestión de residuos de construcción y demolición.
