La Junta de Castilla y León ha procedido a incluir las rutas de transporte que conectan Salamanca con Ponferrada y Salamanca con León en el listado de trayectos bonificados bajo la gratuidad del sistema BUSCyL. Esta decisión se ha tomado tras el requerimiento formal de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en las Cortes autonómicas, donde la formación advirtió que la exclusión de estas líneas suponía un trato discriminatorio para los ciudadanos de Salamanca, León y El Bierzo.
El proceso para lograr esta rectificación comenzó el pasado mes de septiembre, cuando UPL cuestionó inicialmente a la Junta mediante una pregunta oral en sesión plenaria. Sin embargo, ante lo que consideraron una falta de compromiso en la respuesta del Ejecutivo autonómico, los leonesistas registraron en octubre una nueva pregunta escrita. En este documento, alertaban de que, aunque existían bonificaciones para tramos parciales, los trayectos íntegros de estas rutas de largo recorrido habían quedado fuera del sistema de gratuidad por una falta de previsión administrativa.
En su respuesta oficial a la pregunta escrita, la Junta de Castilla y León ha revertido finalmente la situación, modificando el listado para dar cabida a estas conexiones. La institución autonómica explicó que la gestión de estas rutas y sus solapes está regulada por el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Según la administración, hasta ahora solo se recogía específicamente la gratuidad en tramos intermedios como León-Zamora, Zamora-Salamanca o Ponferrada-León, pero no se habían contemplado de forma expresa los viajes directos entre las ciudades mencionadas.
Tras confirmarse la inclusión de estas rutas en el sistema BUSCyL, desde la Unión del Pueblo Leonés han manifestado su satisfacción por el cambio de postura del Gobierno regional. La formación ha señalado que, con esta medida, la Junta "entra en razón" y se logra poner fin a un agravio comparativo que afectaba directamente al bolsillo de los usuarios. Según UPL, la situación anterior era fruto de la improvisación en la puesta en marcha del servicio, lo que obligaba a los viajeros a pagar por trayectos que, por lógica territorial y administrativa, deberían haber sido gratuitos desde el principio.
