La Junta de Castilla y León ha puesto ya a disposición deestablecimientos comerciales y de prestación de servicios, centros y parquescomerciales, a través del Portal del Comerciante, los protocolos de actuaciónque contienen las medidas preventivas y de control que son aplicables a suactividad y de obligado cumplimiento en Castilla y León.
Este documento, que se basa en lo estipulado en el planaprobado por el Ejecutivo autonómico el pasado 20 de agosto, pretende servir deguía de autocontrol para las empresas del sector, que podrán conocer de formaágil y sencilla las directrices que deben seguir.
En paralelo, la Dirección General de Comercio y Consumo va ainiciar una ronda de controles en las nueve provincias para verificar que enlos locales comerciales se están cumpliendo todas las normas sanitarias paraasegurar la protección de la salud y la seguridad de trabajadores, consumidoresy usuarios. Precisamente, los protocolos citados serán también el texto dereferencia sobre los que se basará la actuación de los inspectores.
En Salamanca se realizarán, como mínimo, ocho visitas deinspección semanales. Será la provincia donde más se hagan controles de estetipo junto a Burgos, León y Valladolid. Por su parte, en las provincias deÁvila, Palencia, Segovia, Soria y Zamora se realizarán cuatro visitas deinspección semanales cómo poco.
El objetivo de esta iniciativa es contribuir a generarconfianza entre los consumidores respecto al sector comercial, que estuvo muyafectado por las restricciones a la actividad en los meses más duros de laemergencia sanitaria y que aún hoy sigue sufriendo las consecuencias de la pandemia.Se trata de reforzar la buena imagen del comercio de proximidad y de lasgrandes superficies, como establecimientos seguros, para incentivar la demanda.
En la campaña trabajarán el personal de la Dirección Generalde Comercio y Consumo y de los Servicios Territoriales de Industria, Comercio yEconomía. El órgano central se encargará de coordinar las visitas, realizar unseguimiento de las mismas y adoptar las medidas necesarias para asegurar elcumplimiento de las directrices sanitarias. Por su parte, los inspectores deComercio y Consumo de las provincias efectuarán las labores de vigilancia ycontrol.
El Decreto-Ley 7/2020, de 23 de julio, será la normativa dereferencia para dictar sanciones, cuyo importe oscila entre los 100 euros poruna infracción leve y los 600.000 euros en el caso de infracciones muy graves.
Finalmente, la consejera ha trasladado a los profesionalesdel comercio el agradecimiento del conjunto del Gobierno autonómico por sucolaboración y compromiso en la aplicación de las medidas dictadas paraproteger la salud de trabajadores y consumidores.