Este pasado lunes se conocía la noticia de que la Audiencia Provincial de Salamanca apreciaba “opacidad” en el pago de las cuotas de los afiliados del PP en Salamanca antes de las primarias del partido en Castilla y León en 2017 y llamaba a declarar a Javier Iglesias y a César Gómez-Barthe.
Si bien el PP emitía un comunicado poco después de conocerse la decisión de la Audiencia Provincial en el que aseguraba que no había imputación de conducta delictiva y en el que se ponía a total disposición de la Justicia para colaborar”, este martes, los diputados en el Congreso por Salamanca del PP, José Antonio Bermúdez de Castro y María Jesús Moro, eran preguntados por el asunto en cuestión.
Bermúdez de Castro, primero en responder, reiteraba que la supuesta financiación ilegal de la que acusa Izquierda Unida – Los Verdes, que actúan como acusación particular, “no nos consta de modo alguno” y, recordando que se trata de “un tema interno del partido”, lo que aseguraba es que “lo que hicimos algunos, de forma libre y voluntaria, fue pagar cuotas de afiliados que no estaban al día”.
Ese pago permitió que estos afiliados pudiesen participar en las primarias del PP en Castilla y León, siendo la primera vez que se celebraban unas elecciones de este tipo. Pero se trata de un acto “legítimo, lícito y legal que no tienen nada que ver” con la presunta financiación ilegal, proseguía Bermúdez de Castro.
Por su parte, María Jesús Moro indicaba que lo designado por la Audiencia Provincial “es un paso más dentro de la investigación que está abierta” pero que en su momento ya fue cerrada por el instructor, algo que confían en que vuelva a suceder. Además, la diputada por Salamanca recalcó que desde el PP siempre han colaborado y aportado “todo lo que tenemos”, algo que seguirán haciendo en aras de trabajar con la Justicia.
Respecto a la consideración de “opacidad” de la que habla el auto de la Audiencia Provincial, María Jesús Moro rememoró que, en el proceso del juicio del ‘Caso Gürtel’, dos pronunciamientos de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo consideraban esos calificativos de “innecesarios”, antes de repetir que “no hay nadie enjuiciado”.
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