Lairrupción en las vías públicas de las ciudades de los patinetes eléctricos,unido a la velocidad que alcanzan, la masa y el hecho de que compartan espaciocon peatones y vehículos para circular al no tener un espacio propio en lasvías, genera un evidente riesgo para la seguridad vial de usuarios de losmismos y para las demás personas que comparten el mismo espacio para moverse,motivo por el cual el Procurador del Común acordó iniciar una actuación deoficio al respecto.
Caberecordar que en el año 2016 y con vocación transitoria hasta la elaboración deuna, todavía pendiente, normativa general sobre el uso y circulación de losmismos, normativa que deberá recogerse en la Ley de Tráfico, Circulación deVehículos a Motor y Seguridad Vial y desarrollarse en el Reglamento deVehículos, la Dirección General de Tráfico emitió una Instrucción (16/V-124),por tanto, no vinculante, en la que se establecen una serie de criterios yrecomendaciones muy básicos y, seguramente, insuficientes dirigidos a losayuntamientos para que regulen dicha materia en al ámbito de sus competencias.
Conel fin de valorar la posibilidad de formularles sugerencias o recomendacionesque puedan homogenizar, con respeto al principio de autonomía municipal, a lapotestad discrecional de los municipios en la materia y a las peculiaridades decada localidad, las distintas regulaciones, se solicitó y recibió informaciónde los siguientes municipios de Castilla y León:
Íscar,Arenas de San Pedro, Alba de Tormes, Tordesillas, Almazán, Briviesca, Cuéllar,Simancas, Aranda de Duero, Guardo, Laguna de Duero, Villares de la Reina,Carbajosa de la Sagrada, Aguilar de Campoó, El Espinar, Miranda de Ebro,Arévalo, Tudela de Duero, La Bañeza, Cuéllar, San Andrés del Rabanedo,Cacabelos, Real Sitio de San Ildefonso, Zaratán, Béjar, Ciudad Rodrigo,Peñafiel, Venta de Baños, Santa Marta de Tormes, Medina de Pomar, Villablino,Valverde de la Virgen, Guijuelo, Arroyo de la Encomienda, Villamayor, Ávila,Peñaranda de Bracamonte, Valencia de Don Juan, Salamanca, Benavente,Villaquilambre, Candeleda, La Cistérniga, Villamuriel del Cerrato, Toro,Bembibre y Navas del Marqués.
Conclusiones generales
Dela información recibida se extraen las siguientes conclusiones generales:
1.- La mayoría de los Ayuntamientos deCastilla y León de más de 5.000 habitantes coinciden en señalar que están a laespera de que sea aprobada una normativa general antes de adoptar o modificarla municipal.
2.- Ninguno de los Ayuntamientos que noson capital de provincia, a excepción de un municipio, cuentan con normativamunicipal que regule el uso y circulación de los estos vehículos eléctricos.Por lo que respecta a las capitales de provincia, como consta en los informesrecibidos, solo León y Segovia disponen de una normativa específica, en tantoque en el Ayuntamiento de Ávila se tramita una modificación de su normativa pararecoger la regulación de estos vehículos.
3.- La siniestralidad, por el momento,en muy baja, de tal manera que según los datos facilitados por losAyuntamientos informantes se han producido 9 accidentes en los últimos tresaños (en dos de los cuales hubo traslado hospitalario a una persona).
4.- En cuanto a denuncias se refiere enlos últimos tres años, constan once denuncias en las capitales de provincia,siendo las causas más frecuentes la conducción negligente o temeraria, circularpor zonas peatonales, no respetar la luz roja de los semáforos o circular porla calzada sin elementos de seguridad.
A la vista de ello, el Procurador delComún dirigió Resoluciones a los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes a finde que, teniendo en cuenta que la Instrucción del Ministerio del Interior notiene carácter normativo y, por tanto, carece de carácter vinculante (lo que genera, hasta la aprobación de la normativa general,un vacío legal en alguno de los aspectos en ella regulados, especialmente enlos relacionados con la potestad sancionadora de las Administraciones públicas),teniendo en cuenta también que la modificación de la normativa general es, enel momento presente, una mera expectativa, se considera oportuno que aquellosmunicipios que cuentan con Ordenanzas de Tráfico que regulan el uso depatinetes eléctricos, adapten, si procede, dicha regulación a la Instrucción, yque aquellos municipios que en sus Ordenanzas sectoriales en materia de tráficoy seguridad vial no lo regulan, incorporen a las mismas las recomendaciones dela Instrucción. En ambos casos, en aquellos aspectos para los que soncompetentes (ordenación, gestión, vigilancia y disciplina del tráfico).
Por lo que respecta a los Ayuntamientosque no son capital de provincia y sean de menos de 50.000 habitantes, dada lapoca incidencia, conflictividad y siniestralidad detectadas, desde elProcurador del Común se ha entendido que, por el momento, no es prioritaria laregulación reglamentaria, al menos hasta que la normativa general anunciada seauna realidad; en cambio, como en el caso de los municipios más importantes,también se ha recomendado la realización de campañas informativas para dar aconocer a los propietarios y usuarios de vehículos de movilidad personal loscriterios de uso y circulación establecidos en la Instrucción 16/5-124 de laDirección General de Tráfico y, en su caso, de la normativa municipal.