El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca haregistrado una iniciativa, para su debate y aprobación en el próximo Pleno delConsistorio -que se celebrará este viernes-, en la que se insta al equipo degobierno del PP para que solicite, a la Secretaría General y a la Intervenciónmunicipal, la realización de sendos informes donde se analice, desde el puntode vista jurídico y desde el económico y financiero, la posibilidad demunicipalizar el servicio público de transporte de viajeros de autobús urbanoque el Ayuntamiento gestiona de forma indirecta a día de hoy.
Eso informes, según consideran los socialistas, deberáncontener una valoración de las distintas fórmulas posibles para la gestión delservicio desde el Ayuntamiento, así como las consecuencias jurídicas laboralespara los trabajadores y trabajadoras del servicio, que permitan la elección poruna u otra forma de gestión, la pública o la de volver a externalizar laprestación del servicio.
El Grupo Municipal Socialista, además, recuerda que elAyuntamiento de Salamanca viene prestando mediante la fórmula de la concesiónde servicios con empresas privadas el servicio público de transporte deviajeros de autobús urbano en la ciudad y, “como es conocido, el contratoactual se encuentra anulado por sentencia judicial con fecha del 15 de marzo de2018 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior deJusticia de Castilla y León, sentencia que adquirió firmeza una vez rechazadoel recurso presentado por parte de la empresa adjudicataria ante la Sala de loContencioso Administrativo del Tribunal Supremo”.
Esta circunstancia “ha supuesto que el Ayuntamiento deSalamanca se haya visto obligado a abrir un nuevo concurso para la concesióndel citado servicio” y, por tanto, a juicio del PSOE, es un momento propiciopara analizar la viabilidad de gestionar directamente el servicio o continuarprestándolo de manera indirecta.
Los concejales socialistas consideran que cualquier decisiónal respecto debe tomarse con las máximas garantías, además de estar apoyada yrespaldada con datos objetivos y concretos que analicen la mejor opción ytengan en cuenta la situación jurídica individualizada del personal que hastala fecha viene prestando servicios en la empresa adjudicataria. “Cualquiera delas dos opciones tiene que incluir fórmulas que garanticen la subrogación detodos los trabajadores que en la actualidad vienen prestando este servicio”,aseguran.
Por último afirman que el objetivo es, en cualquier caso,“garantizar desde un punto de vista jurídico, económico y financiero y laboral,que la decisión que se tome redundará de forma positiva en el interés general yen beneficio tanto de la ciudad, como de los trabajadores y los usuarios delservicio”.