La Junta de Castilla y León y la Administración General del Estado contarán la próxima temporada de verano con la maquinaria pesada y los recursos humanos de las empresas dedicadas a la obra civil, al movimiento de tierras o, por ejemplo, a la actividad minera (pizarra o carbón) para hacer frente a las labores de prevención y extinción de incendios. Las dos administraciones están buscando la fórmula que permita regular y coordinar la colaboración e implicación de la “sociedad civil” en la lucha contra el fuego.
Así lo anunciaron hoy el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, tras la reunión de trabajo que mantuvieron para tratar de manera monográfica el riesgo y la evolución de los incendios en la Comunidad. Los dos dirigentes apelaron a la responsabilidad ciudadana y apostaron por la colaboración entre las administraciones públicas. Por ello, indicaron que se pretende protocolizar la intervención de las empresas privadas.
En ese sentido, Ruiz Medrano comentó que la administración trata de “rentabilizar” los recursos de estas empresas, sobre todo, en las zonas más afectadas por incendios. Aseguró que servirá también para que la sociedad visualice que la lucha contra el fuego no es sólo responsabilidad de las administraciones.
“Es un ejemplo y va a ser muy significativo e indicativo de la implicación de todos, de la suma de esfuerzos y de la unidad de acción”, añadió el consejero, quien precisó que están trabajando en los términos de ese convenio, que se aplicará en la temporada de verano, cuando el nivel de riesgo de incendios es más alto en Castilla y León. También, comentó que en estos momentos entre 500 y 600 operarios de la Junta y del Gobierno central están trabajando en la prevención y la lucha contra los incendios, debido al clima “atípico” de los últimos meses.
El titular de Fomento y Medio Ambiente indicó que semanalmente se evalúa el riesgo de incendios y comunicó que actualmente el nivel es medio en Ávila, León, Salamanca y Zamora, donde de media se registran entre 20 y 30 incendios, la mayoría, “el cien por cien”, provocados por el hombre, ya sea por una imprudencia, negligencia o una acción de “mala fe”. Además, Antonio Silván sostuvo que en enero y febrero se han producido más del doble de fuegos, que durante la media del decenio anterior. También, apuntó que el último trimestre ha sido el más seco de los últimos 70 años.
Por ello, explicó que el operativo, que en años anteriores se dedica en estos meses a labores de prevención, está compatibilizando esta tarea con la extinción de los incendios que se producen, sobre todo, en Ávila, León, Salamanca y Zamora. El consejero indicó que el dispositivo es flexible y se adapta a las necesidades, si bien indicó que intervienen cuadrillas helitransportadas, agentes medioambientales, técnicos, responsables de los centros de coordinación, autobombas, así como los medios de la UME (Unidad Militar de Emergencias) y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, entre otros.
Tolerancia cero
“Todos los esfuerzos son pocos”, dijo Silván, quien apostilló: “El fuego no entiende de competencias”. El consejero hizo hincapié en la necesidad de mantener y mejorar la colaboración y coordinación entre administraciones y de “concienciar” y “sensibilizar” a los ciudadanos, ya que recordó que provocar un incendio por una negligencia es un “delito” por lo que pidió a la sociedad que no tolere, ni perdone la “mala fe” de los que atentan contra el medio natural.
Además, el consejero aseguró que los incendios suponen un coste económico, medioambiental y un riesgo para la vida de las personas. También, compartió la petición del PP de Zamora de que se endurezcan las penas de cárcel para los pirómanos, aunque recordó que ese comportamiento ya está tipificado como delito en el Código Penal. “Ni justificación, ni tolerancia, ni perdón para el delincuente”, concluyó.
Consorcio de bomberos
Por otra parte, el consejero también se refirió a la configuración de nueve áreas de emergencia y 114 zonas de actuación inmediata por los servicios de extinción de incendios. Antonio Silván explicó que la legislación de la Junta de Castilla y León pretende homogeneizar las condiciones laborales y profesionales de este personal y reconoció que existe una diversidad de modelos en las diferentes provincias.
Finalmente, el consejero dejó claro que la creación de un consorcio autonómico se producirá después de que se configuren los entes provinciales. También, dejó claro que la extinción de incendios es una competencia municipal para aquellos ayuntamientos con más de 20.000 habitantes y de las diputaciones para el resto. Insistió en que al Ejecutivo le corresponde la formación y coordinación de los medios de extinción de incendios.
