La Junta de Castilla y León abre la mano al sector inmobiliario y otorga una moratoria de dos años antes de descatalogar el suelo urbanizable sin desarrollar de uso preferentemente residencial. Con ello, este periodo, que expiraba en unos tres meses, se amplía hasta el 19 de octubre de 2024, fecha hasta la que se podrá demostrar la viabilidad de estos terrenos antes de pasar a ser rústicos de uso común.
El Ejecutivo de PP y Vox incluyó en el decreto ley de medidas urgentes para agilizar la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica, aprobado el pasado 23 de junio, una modificación de la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbana, aprobada en 2014, que además elimina la desclasificación de los suelos urbanizables cuando su uso predominante sea distinto al residencial, esto es, comercial, industrial o productivo.
Así, el último decreto ley ‘ómnibus’ de la Junta, que será convalidado por las Cortes este mes, reforma un apartado de la disposición transitoria tercera de esta ley, que había fijado un plazo de ocho años para los terrenos clasificados como suelo urbanizable delimitado en el marco de la Ley de 1999, de forma que concluía en octubre de este año. Sin embargo, el Consejo de Gobierno del pasado 23 de junio lo amplío en dos años, quedando fijado en una década.
Este procedimiento de reconversión urbanística se articuló en la ley de 2014, tras el estallido de la ‘burbuja’ del ladrillo y la crisis económica para acelerar el ajusto del sector inmobiliario. De esta forma, la Junta fijó unos plazos para demostrar la viabilidad de los terrenos clasificados en su día como suelo urbanizable, de forma que de no hacerlo pasarían de nuevo a su condición previa de suelo rústico.
Así se hizo en octubre de 2016 con los terrenos clasificado como suelo urbanizable conforme a la legislación urbanística anterior a la Ley de 1999 y, dos años después, en octubre de 2018, con el suelo urbanizable no delimitado en el marco de la Ley de Urbanismo de 1999.
Tras acabar con otros 100 millones de metros sin ordenación en octubre de 2016, dos años después la Consejería volvió a someter a este examen a otros 275 millones de metros cuadrados de terrenos urbanizables sin delimitación. Esta desclasificación, que afectó a 210 áreas de 88 municipios, con una superficie de 27.580 hectáreas, equivalente a la mitad de la isla de Ibiza, tendrá una nueva oleada, pero dentro de algo más de dos años, a finales de octubre de 2024.
Ahora, la Junta amplía con una moratoria de dos años esta reconversión cuando el proceso estaba a punto de completarse, precisamente con el suelo urbanizable en sectores para básicamente dotaciones residenciales, que cuentan con condiciones prefijadas para presentar un plan parcial, como uso, edificabilidad y densidad, entre otras.
Reconversión urbanística
La ley de Urbanismo de Castilla y León estableció en 1999 dos categorías de suelo urbanizable: el delimitado, SUD, ya organizado en sectores por el PGOU, con condiciones prefijadas como uso, edificabilidad o densidad, entre otras, información que permitiría a los promotores presentar un plan parcial; y el suelo urbanizable no delimitado, SUND, que actuaba como suelo de reserva, en el que los sectores no tenían las condiciones preestablecidas.
Sin embargo, tras el ‘boom’ inmobiliario de los años, que terminaron con una crisis económica, la Junta promulgó en 2014 una ley, aprobada en solitario por el PP en las Cortes, que incluyó tres plazos para que los terrenos clasificados como suelo urbanizable a la entrada en vigor de la ley se ordenaran detalladamente; en caso contrario, quedarían clasificados automáticamente como suelo rústico común.
