La Audiencia Provincial de Salamanca ha ratificado elarchivo de las denuncias del Grupo Municipal Ganemos contra el anterioralcalde, Alfonso Fernández Mañueco, dos concejales y el jefe de la PolicíaLocal por los contratos de la señalización en las vías públicas y del alumbradopúblico.
La Audiencia confirma el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 en octubre de 2018 y atiende las peticiones dedesestimación del recurso de Ganemos contra el mencionado auto del Juzgado,formuladas por el Ministerio Fiscal y la representación de los denunciados.
En lo que respecta al delito de prevaricación denunciado porla prórroga del contrato de señalización en las vías públicas, el auto de laAudiencia Provincial, dictado por tres magistrados, recoge que “no cabe sinollegar a la conclusión de que la cláusula por la que se llevó a cabo laprórroga de los contratos de señalización cuando éstos habían llegado ya alfinal de su plazo de duración constituye una práctica usual en losAyuntamientos”.
El auto añade que “el Ayuntamiento y los políticos y/o funcionariosdenunciados no solo adoptaron un sistema que no era inusual en la práctica deotros muchos ayuntamientos como consta en autos, sino que, además, utilizaronuna práctica o método para salvar un vacío legal que no resultaba contrario alo regulado por el ordenamiento jurídico”.
En lo que se refiere al delito de prevaricación por la adjudicacióndel contrato de alumbrado público, la Audiencia Provincial asegura en el autoque “el recorrido de ese recurso contencioso-administrativo tiene una trascendenciajurídico-penal ineludible en este proceso porque en primera instancia el señormagistrado juez de los contencioso-administrativo de esta ciudad consideró correctoese contrato y la tramitación seguida por el Ayuntamiento para llevar a cabo elmismo”.
La Audiencia estima, además, que “no hay datos para entenderque tal infracción ha sido arbitraria en cuanto inexplicable e injustificable atodas luces, toda vez que las decisiones administrativas puestas en entredichofueron consideradas como válidas en la jurisdicción contencioso-administrativaen una primera instancia, siendo luego en segunda estancia cuando se consideróque infringían el ordenamiento jurídico y se anuló el contrato celebrado”.
Además, el auto recoge que “el pago del precio derivado delos servicios prestados por el cumplimiento de dichos contratos no constituyesino la ejecución de dichos contratos” y añade “que no existen indicios deprevaricación, ni por ende puede hablarse de ningún complot ni de ningunamaquinación para llevar a cabo los también denunciados delitos de cohecho, tráficode influencias, negociones y exacciones prohibidas a los funcionarios y malversaciónde fondos públicos”.