La DGT y la Junta de Castilla y León trabajan para simplificar los trámites administrativos relacionados con la compraventa de vehículos
Los contribuyentes que vendan un vehículo ya no tendrán que acudir a las dependencias de la Consejería de Hacienda

La Jefatura Central de Tráfico (JCT) y la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León han formalizado un acuerdo trascendental para agilizar y modernizar los trámites administrativos vinculados a la compraventa de vehículos en la comunidad autónoma.
El convenio, rubricado por el director General de Tráfico, Pere Navarro Olivella, y el Consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, sienta las bases para un intercambio de información completamente telemático entre ambas administraciones. Esta medida pionera tiene como objetivo principal beneficiar de forma directa tanto a los ciudadanos como a las empresas de Castilla y León.
La meta final de este acuerdo es ambiciosa: lograr en un futuro cercano que la transmisión de un vehículo pueda realizarse sin necesidad de que los interesados se desplacen físicamente a las oficinas tributarias de la Junta.
Como primer paso significativo, desde este momento, los contribuyentes que vendan un vehículo ya no tendrán que acudir a las dependencias de la Consejería de Hacienda. Podrán liquidar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales o el impuesto sobre sucesiones y donaciones de manera telemática a través de la Oficina Virtual de la Junta.
Una vez cumplida la obligación tributaria, la Consejería de Hacienda comunicará de forma inmediata y por medios electrónicos a la Jefatura Central de Tráfico que se han satisfecho los requisitos fiscales necesarios para el cambio de titularidad del vehículo.
En consecuencia, la DGT solo procederá a tramitar el cambio de titularidad una vez que reciba este informe favorable por vía telemática desde la administración autonómica, eximiendo al interesado de la obligación de presentar ningún tipo de documentación justificativa.
Se estima que esta simplificación administrativa beneficiará a más de 82.000 ciudadanos anualmente, tomando como referencia las autoliquidaciones presentadas en el ejercicio anterior.
El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, con la posibilidad de ser prorrogado por un periodo adicional de hasta cuatro años. El seguimiento y la coordinación del acuerdo se llevarán a cabo a través de una Comisión Mixta. Cabe destacar que el desarrollo de este convenio no generará gastos ni contraprestaciones económicas para ninguna de las partes involucradas.
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