Una lacra que no cesa. La violencia machista continúa acorralando, golpeando y destrozando vidas a su paso. Solo en Castilla y León, en la última década 28 mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas, además de la pequeña India, la pequeña de ocho años que fue brutalmente asesinada por la pareja de su madre en Valladolid en enero de 2023.
Pero si dramática resulta esta cifra, no lo es menos la evolución del número de casos activos que registran el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogen), que en la última década se han duplicado, pasando de los 2.448 de enero de 2015, a los 5.091 contabilizados en el mismo mes de este año. De todas formas, los expertos consultados por Ical, coinciden en señalar que no estamos ante un incremento de la violencia de género y sí ante un incremento de las denuncias fruto de la una mayor concienciación y de unos mejores apoyos a las víctimas.
Además, las estadísticas del Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también vienen a corroborar esta tendencia. Las órdenes de protección dictadas por los tribunales de Castilla y León entre 2015 y 2023 se incrementaron un 30,2 por ciento, y en este mismo periodo las condenas a maltratadores subieron un 29,8 por ciento, hasta las 1.274 y un 36,8 por ciento las denuncias, para alcanzar las 6.353. Con este panorama, la tasa de víctimas por cada 10.000 mujeres ha pasado en la Comunidad de 36,2 de 2015 a 52,5, incremento de 16,3 puntos, que es inferior a la media nacional, de la subida es de 27,3 puntos, hasta los 79,4 casos.
Por si fuera poco, los delitos contra la libertad sexual casi se han triplicado en Castilla y León desde 2015, al pasar de los 282 a los 711 contabilizados en 2023, según datos del Ministerio del Interior.
Fiscalía
Para la Fiscal Delegada de Violencia de Genero para la Comunidad de Castilla y León, María Boado, la mayor concienciación de la sociedad y la mejora de las medidas de apoyo que se ponen a disposición de las víctimas, son los motivos que están provocando un incremento del número de denuncias. “Yo creo que no se puede hablar de un incremento de la violencia de género, lo que ocurre es que la violencia que no se veía es la que desde hace algunos años está saliendo a flote”, sentenció.
Además, Boado también lamenta la falta de medios que tiene la administración de justicia para luchar contra esta lacra y proteger mejor a las víctimas, a la vez que advierte que la entrada en vigor el próximo mes de septiembre de la llamada Ley de Eficiencia de la Justicia puede suponer “el colapso total” de los juzgados especializados en violencia de género, ya que también asumirán la instrucción de delitos contra la libertad sexual y los casos de violencia vicaria o económica.
Boado reclama que la implantación de la ley debe estar acompañada por un incremento de medios económicos y con más jueces, fiscales, psicólogos y trabajadores sociales, a la vez que denuncia que muchas fiscalías todavía no cuenta con las unidades de valoración forense integral que se recogía en la ley de 2004 sobre Medidas Protección Integral contra la Violencia de Género. “Yo no puedo esperar una media de 318 días para tener un informe que, en muchos casos, es la prueba clave en un juicio”.
Psicólogos
La opinión de Boado es compartida por el presidente del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, David Cortejoso, que recalca que la mayor concienciación y sensibilización de la sociedad se está traduciendo en un mayor número de denuncias, a la vez que descarta que la violencia de género se esté incrementando.
Cortejoso también pune en valor el convenio que Colegio de Psicología tiene firmado con la Junta para la atención a las víctimas, ya sea vía urgencia en sede policial una vez que se pone la denuncia, o bien en consulta. En este sentido, apuntó que en los últimos meses se ha pasado de atender una media mensual de entre 30 y 40 casos, hasta alcanzar los 60.
Clara Campoamor
Mientras tanto, el abogado palentino Luis Antonio Calvo, representante de la Asociación Clara Campoamor, colectivo que desde el año 1985 trabaja en defensa de los derechos de la mujer y que se persona como acusación popular en todos los juicios de asesinato de mujeres víctimas de violencia de género, también argumenta que hay una mayor concienciación entre las mujeres de la necesidad de denunciar cuando se sufren malos tratos y de no esperar a que las agresiones se repitan, al mismo tiempo que se han dejado de tolerar actos que antes no se consideraban delictivos y que ahora están perfectamente identificados y que se denuncian, como la violencia psicológica o la económica o las agresiones verbales y sexuales.
Luis Antonio Calvo asegura que no se puede hablar de un incremento de la violencia contra las mujeres en la sociedad, aunque si advierte de un “preocupante” repunte del número de casos entre los jóvenes, algo que debería hacer reflexionar a las administraciones para replantearse las políticas educativas.
Adavas
Por su parte, Charo de Castro, trabajadora social desde hace 22 años en Adavas Salamanca y recientemente galardonada con el Premio de UGT 8 de Marzo, considera que la violencia contra la mujer está lejos de erradicarse y advierte que continúa creciendo, ya que a la violencia de género se están sumando las agresiones sexuales, que en los últimos años han crecido exponencialmente.
De Castro, además de reclamar la implicación de toda la sociedad para combatir esta lacra, advierte del retroceso de valores básicos como la igualdad que se está produciendo entre las generaciones más jóvenes, especialmente entre los adolescentes, debido a los mensajes de ciertos sectores que se resisten a “que el hombre pierda la relevancia social que ha tenido históricamente” e incluso llega a negar la existencia de la violencia de genero.
Al mismo tiempo, considera que hace falta más medios humanos y materiales para ayudar a las víctimas. Primero para informar y asesorar, que son las herramientas que están detrás del incremento de las denuncias, y después, una vez que se da el paso de llegar a los tribunales, para acompañarlas con profesionales formados y con los recursos económicos necesarios. En este sentido, De Castro mandó un mensaje positivo y aseguró que, “a pesar de la desesperanza inicial”, las víctimas tiene que tener claro que “pueden rehacer sus vidas”.
En la misma línea se pronuncia desde Valladolid Sofía Larrea, trabajadora social de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones y Malos Tratos (Adavasymt), que lleva tres años asesorando a víctimas de género. Aunque reconoce que la mayor concienciación de la sociedad ayuda a que cada vez sean más los casos que se denuncian, también recalca que el incremento de la violencia hacia la mujer es una realidad que viene a demostrar las estadísticas de agresiones sexuales.
Al mismo tiempo, Larrea lamentó que lo continúa siendo tabú es la violencia sexual que existe dentro de la pareja por relaciones no consentidas o bajo presión. Además, también denuncia las dificultad a la que se enfrentan las mujeres cuando la denuncia es por maltrato psicológico, ya que en la mayor parte de los casos se sienten abandonadas e incluso el rechazo del sistema les hace replantearse su decisión.
Por otra parte, indicó que a pesar de los avances de los últimos años, todavía continúa siendo necesario que las instituciones incrementen los recursos económicos y humanos de protección, a la vez que demandó una mejor formación y sensibilización de los profesionales que trabajan con las mujeres maltratadas, para evitar una revictimación de las mismas.
