La Consejería de Economía y Hacienda ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León la convocatoria de ayudas para financiar parte de los gastos de los créditos suscritos por los autónomos con entidades financieras, con motivo del cese o la reducción de su actividad profesional y la consecuente merma en su volumen de negocio a raíz de la crisis sanitaria.
El importe de la ayuda asciende a 300 euros por cada beneficiario, cuantía comparable con una cuota de la Seguridad Social satisfecha por un autónomo. El plazo de presentación de solicitudes se abre este jueves, 9 de julio, y finalizará el 17 de septiembre.
La medida se dirige a financiar los créditos relacionados directamente con la actividad profesional del autónomo, suscritos dentro de los seis primeros meses desde la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo. Se trata de una de las iniciativas tomadas por la Junta, de forma extraordinaria, frente al impacto económico y social del COVID-19 para proteger y dar soporte al tejido productivo, minimizar el impacto y lograr un rebote de la actividad empresarial. La ayuda está destinada a uno los colectivos más afectados por la situación y que han visto disminuida su actividad profesional y su volumen de negocio.
La solicitud podrá presentarse telemáticamente en el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. El modelo de instancia, anexos y documentación estarán disponibles en www.tramitacastillayleon.jcyl.es y en www.empresas.jcyl.es.
133,7 millones de euros para ayudar a 1.787 proyectos
Desde el inicio del estado de alarma, un total de 1.787 pymes, emprendedores y autónomos han obtenido un respaldo financiero de 133,7 millones de euros, a través de las cinco líneas de medias extraordinarias que la Junta estableció de manera urgente para hacer frente al impacto de la crisis sanitaria, ayudando a las empresas a obtener liquidez para mantener su actividad y su capacidad para generar empleo.
Asimismo, cabe recordar que la Junta desde el inicio de la crisis sanitaria ha aplazado el pago del impuesto de Sucesiones y Donaciones, así como el de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos, con objetivo de aumentar la liquidez a pymes, autónomos y personas físicas.
Hasta el momento, 128.400 contribuyentes han visto aplazado el pago de sus impuestos por valor de 134,8 millones de euros.
