SALAMANCA24HORASLa cuestión de la vivienda ha vuelto a primera plana los últimos días con las medidas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, un adelanto de lo que podría ser la nueva Ley de Vivienda en España. Las reacciones no se han hecho esperar y detractores y conmilitones se han posicionado en un bando y en otro. Desde los que consideran que las nuevas limitaciones que traería la nueva ley son un ataque a la propiedad privada y al libre mercado, hasta los que arguyen que el acceso a la vivienda ha pasado de desiderátum a quimera.
Entre tanto, el Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado un proyecto para la construcción de 89 chalés en la zona de la calle de Colombia y la carretera de Aldealengua. Un movimiento que a la plataforma Stop Desahucios Salamanca le ha hecho saltar todas las alarmas y que no han dudado en denunciar que dicha iniciativa incumple la ley, puesto que “destina únicamente un 10% para viviendas con protección pública en lugar del 30 al 80% reflejado en la Ley de medidas sobre el urbanismo”.
Asimismo, a la agrupación local le chirriaba que esta circunstancia pudiera darse en estos términos, máxime cuando además el Ayuntamiento cedía de forma gratuita una importante superficie de suelo público y que gran parte de la operación (hasta un 78% de parcela edificable) corre a cargo de la Sareb, conocido popularmente como el ‘Banco Malo’ y cuya titularidad es en un 45% del Estado.
Por tanto, la cuestión mollar aquí se circunscribe a través de estas dos cuestiones: el porcentaje de Vivienda de Protección Oficial (VPO) que corresponde al proyecto y la titularidad del suelo, conocer también qué porcentaje de la superficie había cedido el Ayuntamiento para la construcción de 89 chalés, una vivienda que no suele ser la habitual cuando se trata de habilitar inmuebles de carácter protegido. En resumen, ¿se está empleando dinero y terreno público para el beneficio particular y el incumplimiento del régimen de VPO en Salamanca?
Una ley que permite una reducción sustancial en el porcentaje destinado a VPO
Comenzando por la problemática del porcentaje de VPO que se debe aplicar en esta promoción, la Ley de medidas sobre urbanismo y suelo de 2008 establece, tal y como defiende Stop Desahucios, que “la regla general es reservar del 30% al 80% de la edificabilidad residencial a la construcción de VPO”. Sin embargo, en el BOCYL del 27 de mayo de 2011 de hace efectiva la aprobación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca por el cual se establece que las nuevas promociones de viviendas podrán rebajar esa cuota de VPO al 10% de edificabilidad residencial siempre y cuando el municipio ya cumpla con un 30% de vivienda protegida en el conjunto del parque residencial.
El propio concejal de Urbanismo de Salamanca, Fernando Carabias, señala estas modificaciones que también contempla Ley de medidas sobre urbanismo y suelo de Castilla y León y precisa que, de esta manera, “las nuevas promociones de viviendas, sean chalés o bloques de pisos, no están obligadas a destinar un 30% o más a VPO, sino que tan solo deben construir un 10% de este tipo de inmueble”.
Una triquiñuela legal a la que se aferra Sareb y el resto de propietarios de la parcela para obtener un mayor beneficio económico; una modificación del año 2010 y que permite que cualquier tipo de promoción para construir viviendas no deba atender al espíritu inicial de la norma toda vez que el municipio cuente con un parque de viviendas públicas suficientes para cubrir ese mínimo del 30% sobre el total.
Una cantidad testimonial de suelo público y lío con el catastro
En lo tocante a la cesión de suelo público, en un primer momento el documento donde se detallaba el proyecto explicitaba dos parcelas cedidas por el Ayuntamiento, correspondientes al viario público, con una extensión de más de 1.800 metros cuadrados, lo que suponía casi un 10% del total de la propiedad del sector donde se iban a construir los 89 chalés. En el segundo estudio, al que ha tenido acceso Stop Desahucios, “esas parcelas han desparecido, pasando de ser de carácter público a ser de propiedad desconocida”.
Una diferencia que podría tratarse de la corrección de un error, ya que el edil de Urbanismo indica que “de los más de 22.500 metros cuadrados tan solo 17,31 m² de titularidad pública”. Una cantidad insignificante que el Ayuntamiento ha tenido a bien ceder, “17 metros no nos llevaban a ningún lado”, para no poner en jaque la viabilidad del proyecto.
Fernando Carabias, en conversación con SALAMANCA24HORAS, detalla que la propiedad del sector SU-NC.9 “Calle Colombia-Carretera de Aldealengua” se divide de siguiente manera (en números redondos) en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Salamanca: “17.000 m² son propiedad de Sareb, 2.600 m² de diferentes propiedades privadas, 17,31 m² del Ayuntamiento y 3.000 m² que el catastro no ha sabido identificar su titularidad”.
¿Un chalé como vivienda de protección oficial?
Cuando pensamos en VPO la primera imagen que se nos viene a la cabeza es un piso no demasiado grande dentro de un gigantesco edificio con viviendas clonadas. Sin embargo, un chalé también puede destinarse a vivienda de protección oficial, así lo demuestra esta promoción que tiene a la Sareb como principal valedor. Y es que de los 89 chalés que se construirán en Calle Colombia y carretera de Aldealengua, un total de 10 -un 11% del proyecto- serán destinados a VPO.
El concejal de Urbanismo, Fernando Carabias, indica que en esta parcela en particular solo se podían levantar viviendas de este tipo ya que el PGOU de Salamanca especifica que “este sector, ya desde hace muchos años, está destinado a la construcción de viviendas unipersonales. De hecho, el propio plan general especifica que solo podrán ser chalés de dos plantas que no superen los 7,5 metros de altura”.
8.500 viviendas vacías en la ciudad
Las reivindicaciones de Stop Desahucios Salamanca sobre esta promoción de chalés entroncan directamente con las 8.500 viviendas vacías con las que cuenta la ciudad, de acuerdo con los últimos datos del Censo de Vivienda 2021. Un dato que la plataforma enarbola para reclamar un mayor esfuerzo al Ayuntamiento en lo que ha vivienda social se refiere, un tipo de alquiler que supone el último salvavidas para aquellas personas que ni tan siquiera pueden acceder al precio que hay que pagar por una vivienda de protección oficial.
Ante este argumento, el concejal de Urbanismo del municipio charro contesta lo siguiente: “las casas vacías son de los propietarios y tienen todo el derecho a hacer con ellas lo que consideren dentro de la legalidad”.
Igualmente, precisa que el Ayuntamiento cuenta con varios proyectos en ejecución y planeados dentro del Patronato de Vivienda: como los 45 pisos del Centro de Convivencia Victoria Andrados o los 35 de las calles Costa Rica y Ciudad Real.
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