Un total de 1.254 personas falleció en Castilla y León en lo que va de año en las listas de espera de la dependencia, de las que 1.227 estaban pendientes de valoración y 27 eran dependientes con derecho a resolución. Así lo ponen de manifiesto los últimos datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales, que indican que en España 43.381 personas fallecieron en las listas de espera, 26.212 dependientes con derecho pendientes de prestación y 17.169 pendientes de resolución de grado.
Esto indica que Castilla y León se encontró en el grupo de comunidades con menor ‘limbo de la dependencia’, personas pendientes de recibir prestación, con un con un 0,15 por ciento, junto a Navarra, con un 4,1 por ciento, frente a Cataluña (31,8 por ciento), La Rioja (31,2 por ciento) y Canarias (27,5 por ciento) que lideraron la tabla.
Aragón y Asturias fueron las que en mayor porcentaje redujeron su lista de espera un 36,7 y un 33,7 por ciento, respectivamente. Las Comunidades de Canarias (24,2 por ciento), Murcia (14,1 por ciento), La Rioja (12,5 por ciento) y Cataluña (5,5 por ciento), a pesar de haber recibido el incremento presupuestario, aumentaron la lista de espera en este año. “La burocracia en los procedimientos y estas comunidades no van a permitir que el Gobierno cumpla con el objetivo de reducción de la lista de espera en 60.000 personas comprometidas en el plan de choque”, según pone de manifiesto la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Mientras, las Comunidades que más ha aumentado las personas beneficiarias con prestación en lo que va de año fueron la Comunidad Valenciana (14,38 por ciento), el Principado de Asturias (14,24 por ciento) y la Comunidad de Madrid (13,59 por ciento). Por el contrario, en el País Vasco ni siquiera se mantuvo la tasa de reposición, disminuyendo el número de personas beneficiarias. Y en Cantabria, el número personas con derecho se redujo en lo que va de año en un 11,5 por ciento.
“Estos datos parecen indicar que el SAAD se reactiva, pero ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos a las personas dependientes con Grado I. Las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad, y a todas luces insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia”.
“Lejos de nuevos discursos, fotos e intenciones, son necesarias medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país. El gobierno de España y los Gobiernos Autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones. Además, debe incluir la transparencia del Sistema de Información de la Dependencia”, añaden.
“Ya se han recuperado los recortes del 2012 y se han incrementado los presupuestos, hay que recortar procedimientos para evitar el sufrimiento y desatención de las personas en situación de dependencia. Hay que recordar que cada 11 minutos en España fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley y que, desgraciadamente, a las 43.381 personas que fallecieron este año, el plan de choque no les llegó a tiempo”, sentencian desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
