El alcalde de Béjar asegura que la multa de 500.000 euros del contrato de confidencial era “para el partido”

Luis Francisco Martín reconoce en una Comisión de Economía y Hacienda que el documento “no tiene validez jurídica” y el PSOE le advierte que puede conllevar “un delito de coacciones”

Juan García-Gallardo, Mariano Veganzones y Luis Francisco Martín en Béjar. FOTO ICAL
Juan García-Gallardo, Mariano Veganzones y Luis Francisco Martín en Béjar. FOTO ICAL

El alcalde de Béjar, Luis Francisco Martín, ha asegurado que el dinero de la multa de 500.000 euros que figuraba en el contrato de confidencialidad que firmaron los concejales del Partido Popular, era “para el partido”. Así lo ha afirmado en la Comisión Ordinaria del área de Gobierno de Bienestar Social, Igualdad y Economía y Hacienda en respuesta a preguntas del Partido Socialista. Cabe recordar que los concejales del Partido Popular firmaron el pasado mes de agosto un contrato de confidencialidad que les obligaba a no realizar una moción de censura ni desvelar documentos o contenidos de las reuniones de gobierno bajo una sanción de 500.000 euros. Un documento, que, según ha asegurado en redes sociales una edil popular, “fue dictado por su asesor y por él” (en referencia al alcalde)

Luis Francisco Martín aseguró, tal y como recoge el acta, que “en el caso de tener que pagar ese dinero sería para el partido” y añadió que “no se ha hecho efectivo, ni se va a hacer efectivo”. Ante la insistencia de la oposición en las preguntas aseguró además que “no tiene ninguna validez jurídica”. Un punto en el que la oposición aseguró que se pidió a los representantes de la ciudadanía “la firma de un documento que puede conllevar un delito de coacciones”.  

Un capítulo más en la política de enfrentamiento y tensiones que se ha convertido en la tónica habitual en el Ayuntamiento de Béjar y que se inició con la presencia de dos asesores sin contrato en el consistorio bejarano. Una situación que ha hecho que el equipo de Gobierno se haya quedado en minoría tras perder a una edil de los populares y que, previsiblemente, perderá a otra tras el último cruce de acusaciones dentro del PP.

En el caso de este documento, su firma se produjo el pasado mes de agosto, cuando el alcalde entregó a los concejales del PP y Vox un contrato de confidencialidad que fue firmado por todos los concejales populares, pero no por los de Vox. Un documento sin validez jurídica del que informó Salamanca 24 Horas en noviembre y que ha levantado tal polémica que incluso ha tenido su espacio en la televisión nacional.

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