El Gobierno de España acordó la devolución de 11.748.120,01 euros a la comunidad autónoma de Castilla y León de la deuda pagada por la Junta para devolver parte de las ayudas europeas por superficie de 2016 debido a la inadmisibilidad de los pastos permanentes, y que ascendía a 23.496.240,01 euros.
El acuerdo del Consejo de Ministros que ejecuta la devolución, y que revoca el acuerdo de 24 de noviembre de 2020 por el que se estipulaba que el pago de la cantidad correspondía a los órganos pagadores de cada comunidad autónoma, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves.
La cuestión se retrotrae a la Decisión de Ejecución de la Unión Europea de junio de 2016, que excluyó de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados por España en relación a las ayudas de superficie concedidas por la UE, debido a la inadmisibilidad de los pastos permanentes incluidos así como a deficiencias en el procedimiento de recuperación de pagos indebidos.
Por ello, y debido a las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, la UE acordó reclamar la totalidad de las ayudas por superficie, que en el caso de Castilla y León ascendían a 57.615.739,82 euros a los que sumar 329.685,54 euros del resto de la ayuda.
Ese pago no se realizó inicialmente debido a que el Gobierno de España instó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a anular parcialmente la Decisión de Ejecución de la UE, petición que se estimó parcialmente en noviembre de 2018 y reducía la cantidad a pagar a la mitad.
El acuerdo del Consejo de Ministros de noviembre de 2020 recalculaba así la cantidad y fijaba en 23.496.240,01 euros la deuda que el organismo pagador de Castilla y León tenía por las ayudas de superficie debido a la inadmisibilidad de los pastos permanentes. Sin embargo, los recursos interpuestos por los gobiernos de Extremadura y Cantabria permitieron al Tribunal Supremo determinar que la responsabilidad financiera de dichos pagos es concurrente al 50 por ciento entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, por lo que se anuló el citado acuerdo.
Así, y con el fin de cumplir con las sentencias del alto tribunal, el FEGA inició de oficio el procedimiento de determinación de responsabilidades que concluye con la devolución, por parte del Gobierno, de la mitad de la cantidad adeudada a Castilla y León, que ya abonó el total de dicho importe en enero de 2021. El resto de la deuda, correspondiente al resto de ayudas y que asciende a 164.842,77 euros, será compensada con el importe procedente de la devolución del 50 por ciento que debe realizar la Administración General del Estado, según solicitó el Gobierno de Castilla y León.
