La Junta de Castilla y León aprobará esta semana nuevas medidas destinadas a “flexibilizar más” la caza del jabalí, con el objetivo de reducir su densidad poblacional ante la amenaza que supone la peste porcina africana (PPA) para el sector ganadero, según adelantó la agencia ICAL.
“Ahora estamos preparando —y esta semana habrá novedades— un elemento de flexibilización, a mayores. Vamos a buscar flexibilizar más la caza del jabalí”, explicó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones. El consejero recordó que la población estimada de jabalí en Castilla y León ronda los 250.000 ejemplares, y que las capturas han aumentado hasta superar las 52.000 anuales, frente a las 29.000 de hace apenas unos años.
Suárez-Quiñones subrayó que el jabalí está “ya sujeto” a una declaración de emergencia cinegética vigente desde 2021, amparada en la Ley de Caza, que permite introducir medidas extraordinarias de flexibilización. “Ha venido funcionando junto con un plan del jabalí que aprobamos antes de todo esto, es decir, que no es novedad y que también favorece e introduce flexibilidad en las condiciones de la caza de la especie”, apuntó.
Según destacó y recogió ICAL, todas estas decisiones se adoptaron antes del escenario planteado por la PPA, pero han permitido incrementar de manera significativa el control de la especie. “Vamos a introducir nuevas flexibilizaciones, que favorecerán mucho más, todavía, la caza del jabalí a fin de disminuir su densidad de población y prevenir el riesgo”, insistió.
El consejero realizó estas declaraciones en el Ayuntamiento de Benavente, donde presidió la firma del convenio de cooperación entre la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León y la Mancomunidad de Municipios para acometer obras de ampliación y mejora del sistema de abastecimiento mancomunado de agua potable.
Finalmente, Suárez-Quiñones recordó que “la peste porcina no está en Castilla y León”, aunque la Junta trabaja “desde hace ya muchos días” de manera coordinada con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y los servicios de salud pública. También insistió en que la PPA “no presenta riesgo para las personas”.
