La Junta de Castilla y León ha vuelto a expresar su firme oposición a la propuesta del Gobierno de España de condonar la deuda autonómica, una postura ya defendida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en diversos encuentros técnicos. Este rechazo se ha formalizado en un documento de alegaciones presentado en el marco de la consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común.
El Gobierno regional ha detallado diez puntos fundamentales que sustentan su negativa, argumentando que esta medida no solo es insuficiente, sino también perjudicial para el conjunto de las comunidades autónomas y los ciudadanos.
Insuficiencia de financiación y naturaleza arbitraria de la propuesta
El principal argumento de la Junta es que el verdadero problema financiero de Castilla y León no radica en su nivel de endeudamiento, sino en la insuficiencia de recursos del actual modelo de financiación para cubrir el coste de los servicios públicos esenciales. Por ello, la prioridad es una reforma integral del modelo de financiación, que garantice la solidaridad y suficiencia de los recursos en un marco de igualdad y bilateralidad. La condonación, a su juicio, es un mero "parche" que no resuelve el problema estructural.
Además, la Junta critica que el anteproyecto de ley es un "peaje" de acuerdos políticos y no el resultado de una negociación multilateral con las autonomías. Considera que se decide sobre la autonomía financiera de las comunidades sin contar con su participación, y que la propuesta carece de un análisis técnico riguroso sobre el endeudamiento autonómico y sus posibles soluciones. No se ha presentado ningún estudio que respalde que el traspaso de deuda vaya a resolver los problemas de acceso al mercado de algunas comunidades.
Perjuicio para los ciudadanos y vulneración de principios constitucionales
La Junta subraya que la medida no aporta recursos adicionales a las comunidades, por lo que el endeudamiento continuará creciendo. Lejos de hacer desaparecer la deuda, la propuesta la "mutualiza", implicando un traspaso de 83.252 millones de euros de deuda autonómica al Estado, que, en última instancia, será soportada por todos los ciudadanos españoles. Según los cálculos de la Junta, Castilla y León se vería perjudicada con un incremento de 523 euros de deuda por habitante.
Los criterios propuestos para cuantificar la quita son calificados de arbitrarios e ideológicos, ya que, según la Junta, penalizan la reducción de impuestos y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Se exige que cualquier reparto se base en criterios objetivos, equidad, igualdad y eficiencia.
Finalmente, la Junta de Castilla y León concluye que la medida propuesta es contraria a los principios constitucionales de solidaridad, igualdad y autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, y se alinea con la mayoría de las comunidades, instituciones y analistas que se oponen a esta condonación por considerarla contraria al interés general de España.
