El Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 diseña un conjunto de programas y medidas con los que facilitar el acceso a la vivienda de las personas con mayores dificultades. En su regulación prevé que las comunidades autónomas puedan determinar, en ejercicio de sus competencias exclusivas en materia de vivienda, qué programas de ayudas implantar en su ámbito territorial. A tal efecto permite que la gestión de los programas se lleve a cabo a través de los convenios que cada Comunidad Autónoma suscriba con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
En cuanto a la dotación económica para las subvenciones del plan, la Comunidad de Castilla y León recibe un 5,4 % del total de los fondos nacionales, tal y como se acordó en Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo el pasado 9 de marzo de 2022 relativa a la distribución de fondos. Dicho porcentaje coincide con el que ya obtuvo Castilla y León en el anterior Plan 2018-2021, a pesar de que, como indicó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en aquella conferencia sectorial, dicho criterio debe ser revisado pues no tiene en cuenta las peculiaridades territoriales de esta Comunidad Autónoma.
En concreto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se compromete a aportar, como máximo y por anualidades, para la financiación de las subvenciones del Plan de acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Castilla y León un total de 77.922.000 euros distribuido en cuatro anualidades de la siguiente manera: 18.630.000 euros (año 2022); 19.386.000 euros (año 2023); 19.872.000 euros (Año 2024) y 20.034.000 euros (año 2025).
Por su parte, la Comunidad Autónoma de Castilla y León se compromete a cofinanciar actuaciones del Plan en al menos 23.696.400 euros con el siguiente límite máximo por anualidades: 5.589.000 euros (año 2022); 5.922.400 euros (año 2023); 6.068.200 euros (año 2024), y 6.116.800 euros (año 2025).
Ayudas al alquiler, incremento parque público y mejorar la accesibilidad de las viviendas
El convenio permitirá la puesta en marcha de tres clases de programas: los destinados a ayudar al pago de la renta de alquiler de la vivienda, los destinados a lograr un incremento del parque público de alquiler y los destinados a mejorar la accesibilidad de las viviendas.
En cuanto a los primeros, Castilla y León pondrá en marcha convocatorias de ayudas al alquiler tanto para personas con escasos recursos (especialmente para los jóvenes), como para personas vulnerables por diversas circunstancias (víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar) como para quienes devienen vulnerables de forma sobrevenida (por pérdida repentina de empleo).
De estas convocatorias cabe destacar la apuesta decidida que hace Castilla y León por los jóvenes y el medio rural porque se convocaran ayudas al alquiler que permitan sufragar hasta el 75% de la renta de alquiler para aquellos jóvenes menores de 36 años que apuesten por implantarse en el medio rural (municipios de menos de 10.000 habitantes). Se trata de una apuesta que implicará aportar una parte de fondos propios, pues en el marco del Real Decreto sólo se llegaría a subvencionar hasta el 60% del alquiler.
Respecto de los programas de incremento del parque público de alquiler, se prevé la puesta en marcha de varios programas que o bien permitirán la adquisición por las Administraciones públicas de viviendas existentes para pasar a integrarlas en el parque público de alquiler social, o bien financiarán la puesta a disposición de viviendas en favor de las Administraciones públicas para que estas puedan destinarlas a alquiler social.
Finalmente será objeto también de implantación el programa de mejora de la accesibilidad de las viviendas y cuya pretensión es mejorar las condiciones de habitabilidad para quienes necesiten acometer obras de reforma relacionadas con las barreras arquitectónicas (ascensores, salvaescaleras, rampas, etc.).
A partir de la firma de hoy, la Comunidad Autónoma estará en condiciones de convocar, para la ejecución de la totalidad de los fondos convenidos -101,6 millones de euros-, las correspondientes líneas de ayuda o suscribir acuerdos bilaterales de la comisión de seguimiento del convenio previos a la concesión directa de subvenciones.
Bajo el formato de convocatoria se ejecutarán los programas de ayuda al alquiler, sea éste el programa general o los específicamente dirigidos a jóvenes, víctimas de violencia, desahuciados, personas sin hogar, otras personas especialmente vulnerables y vulnerables sobrevenidos, así como el programa de mejora de accesibilidad de las viviendas.
Y, bajo el formato de acuerdo en comisión bilateral de seguimiento, el resto de los programas que van dirigidos al incremento del parque público de alquiler.
Con la suscripción de este convenio se da continuidad a la colaboración que en política de vivienda se viene manteniendo desde la Junta de Castilla y León con la Administración General del Estado, una vez finalizada la vigencia del anterior plan que se extendió durante el período 2018-2021.
La principal diferencia entre el plan actual y el anterior consiste en que el actual ya no contiene programas de regeneración y renovación urbanas al haber pasado todos estos programas a ser financiados con los fondos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Tanto los referidos a la mejora de la eficiencia energética como los destinados a la renovación de barrios (las anteriores Áreas de Regeneración Urbana, hoy Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada). Esto hace que el Plan actual pueda caracterizarse como un plan centrado casi en exclusiva en el alquiler, particularmente en favor de los más vulnerables.
La suma de los fondos del Convenio del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 -101,6 millones de euros- con los previstos para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -240,3 millones de euros- supone que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha de gestionar para su política de vivienda de los próximos años, en el marco de estos dos escenarios, de alquiler por un lado, y de rehabilitación por otro, fondos por importe de 342 millones de euros.
