Las Cortes de Castilla y León aprobaron este viernes la nueva Ley de Patrimonio Cultural con el voto favorable de PP y Vox pero la negativa del resto de los grupos del Parlamento autonómico, pese a la aprobación del 36 por ciento de sus enmiendas presentadas en ponencia que destacó el consejero de Cultura de la Junta, Gonzalo Santonja, durante la exposición del proyecto de ley, si bien las debatidas este viernes fueron rechazadas en su totalidad por los grupos que sustentan el Gobierno autonómico.
De hecho, en su intervención, el consejero de Cultura cifró en 93 las enmiendas “total o parcialmente aprobadas mediante transacciones incorporadas al texto final”, de entre las 258 presentadas por los grupos de la oposición, alcanzado el 43 por ciento de aprobación las planteadas por el PSOE, el 34 por ciento las de Soria Ya, el 33 por ciento las de Podemos, el 27 por ciento las de UPL y el 15 por ciento las enumeradas por el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea.
Un “esfuerzo por el consenso” del que Santonja se sintió “orgulloso” como de la incidencia en una gestión “innovadora” del patrimonio que plantea la nueva ley para aprovechar el “potencial educativo, social y económico” y consolidar a Castilla y León como “referente cultural en España” a través de “cuatro hitos” que incluye esa “nueva concepción de la gestión del patrimonio cultural”, el enfoque “sistémico” del mismo, el compromiso de inversión pública y la gestión “de abajo a arriba” desde el papel de los agentes implicados en el patrimonio castellano y leonés.
En cuanto a las novedades que incluye el texto sobre la reglamentación de 2002 que hoy sustituye la nueva ley, Santonja mencionó la creación de un centro del patrimonio cultural como registro único, la introducción de dos nuevas figuras de protección para conjuntos industriales y paisajes culturales, la zona de amortiguamiento incluida para dotar de mayor protección a los BIC, o la importancia concedida a “todos los caminos de Santiago” que pasan por la Comunidad.
Divergencia sobre la financiación
Durante el debate mantenido a continuación, se reflejaron las divergencias entre los grupos que sostienen el gobierno autonómico, PP y Vox, y la oposición en la Cámara por el modelo de financiación de la protección del patrimonio que plantea el texto, así como por la no inclusión del patrimonio paleontológico no antrópico entre los bienes a proteger por la ley, o la dureza o levedad de las sanciones planteadas a quien incumpla el nuevo reglamento.
En relación a la financiación, todos los grupos de la oposición incidieron en que, para cumplirse, las leyes “tienen que tener financiación”, como señaló la procuradora de UPL, Alicia Gallego, y que amplió el socialista José Ignacio Martín Benito al incidir en que “la financiación es la clave de bóveda” de la protección del patrimonio cultural pero que, con la nueva ley, “va a derrumbarse” como sucedió con la ley hasta ahora vigente.
De hecho, ambos grupos plantearon en sus enmiendas la necesidad de aplicar el uno por ciento del presupuesto consolidado de la Comunidad a la conservación, mantenimiento y promoción del patrimonio, lo que eleva hasta los 145 millones la inversión, según Martín Benito. Sin embargo, el procurador leonés de Vox Miguel Suárez Arca, encargado de responder a los grupos de la oposición, afirmó que su aplicación es “técnicamente inviable”, por lo que defendió que la propuesta de financiación que incluye la ley supondrá una mejora “con que se consiga un céntimo más” que con el uno por ciento cultural.
La otra cuestión que ocupó gran parte del debate se refirió al patrimonio paleontológico no antrópico, que desde los grupos de la oposición defendieron que se debe incluir en la ley hoy aprobada pero que desde Vox plantearon que su conservación ya está establecida en la Ley de Patrimonio Natural de Castilla y León, como sucede en otras comunidades autónomas.
Además, también se mostraron divergencias entre los grupos que sostienen al Gobierno autonómico y la oposición en las referencias al patrimonio lingüístico. Y es que, ante las quejas presentadas por PSOE y UPL por el “componente ideológico” que tiene que el texto legislativo solo mencione explícitamente al castellano cuando “el propio Estatuto de Autonomía habla del castellano, el leonés y el gallego”, Suárez Arca respondió que el principal objetivo de la ley es “poner en valor la lengua que une a ambos lados del océano Atlántico, que es el español”.
Por último, el debate entre el representante de Vox y el procurador Francisco Igea giró en torno al “escaso poder coercitivo” que, a juicio del exvicepresidente, tiene la ley, lo que impide su utilidad y “beneficia a los poderosos”, al ser en su mayor parte quienes deben conservar el patrimonio, a lo que Suárez Arca respondió que “aumentar la capacidad coercitiva no siempre tiene efecto”, además de enorgullecerse de que, con el trabajo legislativo de PP y Vox, “los empresarios estén contentos”.
“Oda al parlamentarismo”
En su alegato final, el procurador de Vox por León defendió la ley como una “oda al parlamentarismo” por estar hecha “de consensos y disensos”. “Eso es la democracia”, afirmó, destacando como el consejero que el texto se haya aprobado con el 36 por ciento de las enmiendas totales o parciales presentadas por la oposición y lamentando que dichos grupos votaran “en contra de su propia ley”.
En la misma línea se expresó, en una intervención posterior a la votación, el procurador del Partido Popular Ramiro Ruiz Medrano, que aseguró que, con esas enmiendas aceptadas, sale de las Cortes “una muy buena ley, mejor que el proyecto que entró” y que “actualiza e introduce cuestiones que, con el paso del tiempo, necesitaba” el texto de 2002 para “dar respuesta a las inquietudes del sector”.
