El 28 de septiembre la UNESCO conmemora el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, una jornada dedicada a reconocer el derecho fundamental de los ciudadanos a solicitar y recibir información pública, clave para la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
Es importante diferenciar la información pública específica, que es toda aquella que está en poder de la Administración y que se facilita al ciudadano a través de los portales de Transparencia y de Datos Abiertos en la web de la Junta o mediante solicitudes específicas, de la información general que un ciudadano puede necesitar para realizar trámites administrativos, que corresponde al ámbito de la Atención al Ciudadano, y se presta directamente en las oficinas públicas.
La Junta de Castilla y León considera esencial atender con rapidez y rigor estas solicitudes de información específica, ya que la transparencia y el acceso a datos públicos son pilares de una administración moderna. En palabras del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, “facilitar esta información fortalece la confianza en las instituciones y promueve una gestión más abierta, responsable y alineada con las demandas ciudadanas”.
Aunque el citado Portal de Transparencia de la Junta ofrece una amplia variedad de información a instancias de la propia organización, con datos abiertos y preparados para su reutilización cuya publicación es obligatoria, y con otros que se comparten de forma adicional en el catálogo de información pública, es a través de las solicitudes específicas de información cuando los ciudadanos demandan datos que no están accesibles directamente. En este sentido, el Portal no solo es una fuente abierta de información, sino también un canal para que cualquier ciudadano pueda solicitar aquellos datos que considere de su interés.
Precisamente, la reciente memoria de 2024 del Comisionado de la Transparencia, instancia independiente que pertenece orgánicamente a las Cortes de Castilla y León, publicada en agosto, analiza las solicitudes de acceso a la información pública recibidas por todas las administraciones públicas de la comunidad durante el año pasado, y específicamente por la Junta de Castilla y León. El análisis de este documento permite evaluar cómo ejercen este derecho los ciudadanos y cómo responde la Administración, mostrando avances y aspectos a mejorar en transparencia y acceso a la información.
Tal y como recoge la memoria del Comisionado de la Transparencia, en 2024 la Junta de Castilla y León recibió 590 solicitudes de acceso a la información pública, un derecho ejercido por los ciudadanos al amparo de la Ley autonómica de Transparencia y Participación Ciudadana. La Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno de la Consejería de la Presidencia actúa en este proceso como un departamento transversal, y ofrece información de cada una de las diez consejerías que actualmente conforman la Administración autonómica.
Por su parte, según recoge el informe del Comisionado, las diputaciones provinciales recibieron 257 solicitudes de acceso a información pública, y los ayuntamientos, 1.338.
Solicitudes de información tramitadas
De las 590 solicitudes recibidas, la Junta de Castilla y León solo desestimó 4 de ellas -un 0.6% del total- de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos. 443 solicitudes (un 75%) fueron resueltas de forma estimatoria, ofreciendo al interesado toda la información que la Administración autonómica posee sobre el tema objeto de consulta. De las 143 solicitudes restantes, 58 resultaron inadmitidas por diferentes razones: en ocasiones, por solicitar información que no es realmente pública, o por obligar a una reelaboración de información a partir de otros datos que daría lugar a documentos no originales, etcétera. El resto de las solicitudes fueron derivadas a otras administraciones públicas por el carácter de la información solicitada, o fueron reconducidas a otro procedimiento administrativo, o terminaron con el desistimiento del solicitante.
Es de destacar que el número de solicitudes de acceso a información pública dirigidas a la Junta de Castilla y León se ha reducido por segundo año consecutivo, pasando de 832 en 2022 y de 728 en 2023 a las 590 de 2024.
Esta reducción obedece a varios factores. El más importante es el continuo incremento de los contenidos publicados en los portales de Gobierno Abierto, Transparencia y Datos Abiertos, sitios web que permiten a los ciudadanos localizar la información que necesitan sin la necesidad de pedirla de forma proactiva.
Otro factor es la mejor y más eficaz gestión de las solicitudes recibidas, de tal forma que los empleados públicos son capaces de identificar las solicitudes que realmente han de ser calificadas como de acceso a la información pública.
En este sentido, durante los últimos dos años la Consejería de la Presidencia ha profundizado en la formación de los empleados públicos de las Delegaciones Territoriales de la Junta, quienes deben identificar y calificar las solicitudes de acceso a la información pública cuando se realizan de forma presencial por los ciudadanos, antes de remitirlas al centro directivo correspondiente. Gracias a esta formación, dichos empleados son capaces de saber a quién y cómo deben derivar las peticiones de información que no conciernen a la Junta de Castilla y León, o cuáles son los límites marcados por la legislación en torno a la protección de datos personales.
Reclamaciones ante el Comisionado
De acuerdo con la memoria que arroja el Comisionado, en cuanto a las reclamaciones realizadas por los ciudadanos, cabe destacar que aquellas que se presentan contra las resoluciones de Administración General de Castilla y León representan menos de un tercio de las presentadas: 154 de 546, un 28% del total. Además, la memoria indica que, de estas 154, solo 27 fueron estimadas totalmente por la Comisión de Transparencia, y otras 25 fueron estimadas de manera parcial.
Por su parte, la memoria recoge que las reclamaciones realizadas contra las resoluciones de las entidades locales de Castilla y León alcanzan las 350, y representan el 64% del total. De ellas, 147 fueron estimadas totalmente por la Comisión, y otras 26 fueron estimadas de manera parcial.
Tal y como ha resaltado González Gago, “los datos recogidos en la memoria del Comisionado de la Transparencia nos permiten seguir mejorando el acceso a la información pública, ajustando nuestros procedimientos y reforzando la formación del personal para responder con eficacia. Este compromiso continuo es clave para consolidar una administración más abierta, cercana y preparada para atender las necesidades de la ciudadanía”.
