El procurador en las Cortes de Castilla y León, Miguel Ángel Luengo, y el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Salamanca, Fernando Rubio, han exigido este viernes explicaciones y responsabilidades políticas a la Diputación por el incendio declarado el pasado 20 de julio en Monsagro tras la investigación, realizada por el SEPRONA de la Guardia Civil, donde se apunta a los trabajos de conservación de una carretera de titularidad provincial, y al empleo de maquinaria que estaba expresamente prohibida ese día por existir una orden de alerta máxima de riesgo de incendios, como posible causa del fuego.
“El incendio se declara el día 20 de julio por la utilización de maquinaria expresamente prohibida por una orden de alerta de riesgo máximo de incendios” ha afirmado Luengo quien, a su juicio, aquí es donde está la principal responsabilidad política, “esta es una obra pública licitada por la Diputación donde la máxima responsabilidad es de la Diputación de Salamanca y donde tiene que haber un control efectivo por parte de ella”.
El procurador ha criticado que la institución provincial alegue desconocimiento de lo sucedido pese a que se trata de una obra de su competencia y bajo su supervisión, “una obra controlada, supervisada por la Diputación de Salamanca y el diputado delegado de Carreteras no sabe nada de esto cuando se le ha preguntado”, ha censurado.
Luengo ha exigido la dimisión del diputado de Carreteras Jesús María Ortiz, “y si no dimite, exigimos al señor Iglesias que lo cese de sus responsabilidades”. Por us parte, Fernando Rubio ha insistido en la responsabilidad de la institución provincial reclamando además de dimisiones una investigación sobre lo ocurrido ante la faltan de respuestas y de explicaciones a las iniciativas hechas por el Grupo Socialista en este sentido, una ausencia que ha calificado como “un descaro y una desfachatez totalmente inadmisibles”.
“¿Qué hace la Diputación cuando es su propia contrata o su propia iniciativa la que causa un incendio forestal? ¿Esconderse?” se ha preguntado el portavoz socialista.
Por su parte, el PP ha asegurado en un comunicado “en el momento de los hechos se encontraba vigente un nivel máximo de riesgo de incendio, circunstancia que era conocida por las empresas que desarrollaban trabajos en el territorio y que implicaba la obligación de adoptar las medidas preventivas correspondientes, incluida, cuando así lo establece la normativa, la paralización de determinadas actividades”, añadiendo que “corresponde a la empresa adjudicataria garantizar que sus trabajadores y los medios empleados en la ejecución de los trabajos cumplan estrictamente, en este caso, con la normativa de prevención de incendios”
