La Audiencia Provincial de Salamanca ha confirmado la pena impuesta a dos salmantinos que tenían una asociación de cannabis en plena Gran Vía. Ambos varones, el presidente y el secretario, fueron condenados en enero de 2022 por el Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca como autores responsable de un delito contra la salud pública a una pena de nueve meses de prisión cada uno y 9.000 euros de multa, que se suma a los 18.000 euros impuestos a la asociación, que también fue disuelta. Tras el recurso interpuesto por ambos varones, el alto tribunal ha confirmado ahora la sentencia.
Según figura en la sentencia, la asociación se constituyó a finales del año 2017 siendo dada de alta en el registro casi tres meses después en la que se declaraba una actividad de estudio botánico, enseñanza y apoyo a investigación botánica, trabajos docentes, actividades culturales... pero en la práctica "tenía por objeto el cultivo y conservación de marihuana y su consumo por parte de terceros indeterminados, con la cobertura de pasar a ser socios de la asociación pagando un precio o cuota por ello".
Para ello, contaban con un local en los bajos de un inmueble sito en la calle Gran Vía, donde al menos desde comienzos del año 2020, había una plantación de marihuana, que en años anteriores se había cultivado en un invernadero de 9.000 metros cuadrados situado en una localidad del noroeste de la provincia.
Este mismo hombre, uno de los dos condenados, eran quienes llevaban la gestión y funcionamiento efectivo del negocio, según consta en la sentencia, que se destapó a raíz de una denuncia de los vecinos del bloque por ruidos y olores. Fruto de esta comunicación, la Policía Nacional en inspección hecha con la colaboración de los acusados, encontró en el interior del local ya descrito un total de 345 plantas de marihuana en diferentes estados de cultivo y floración.
La Asociación carecía de un control suficiente del consumo de marihuana que producía para evitar su consumo fuera del local o por terceros, pues los acusados organizaban y dirigían la estructura asociativa, disponían y preparaban toda la intendencia, abastecimiento, distribución, control, cultivo... y ponían tales estructuras al servicio de un grupo amplio e indiscriminado de usuarios que se limitaban a obtener una sustancia previo pago de su cuota y de su coste, abierta a incorporaciones sucesivas de manera más o menos indiscriminada y espaciada, mediante la captación de nuevos socios a los que solo se exigía darse de alta como "socios" para incluirlos en ese reparto para un consumo ulterior.
Finalmente, tras el comiso y destrucción de la droga incautada, la Guardia Civil tuvo conocimiento de otra plantación que este varón tenía en una parcela. Se mantuvo una entrevista con los servicios jurídicos del citado club social, informándoles que el hecho de tener un club de cannabis legalmente autorizado, no implica que la plantación que se encargue de abastecer a la asociación, sea también legítima, ya que el cultivo o elaboración de drogas es un delito, salvo que la plantación este legalmente autorizada por la autoridad y para los fines que corresponda.
