Cualquier proceso electoral, sea en la Administración que sea, abre un periodo de enorme expectación y esperanza en el conjunto de los empleados públicos que integran dicha organización.
No es que en otros momentos no se hable de los derechos, obligaciones y expectativas de este gran y determinante colectivo, pero es el periodo de sucesión en los titulares de los órganos de superior dirección cuando la cuestión toma más protagonismo.
Infelizmente, la práctica nos demuestra que muchos de estos cambios se toman más como una apuesta, como algo aleatorio, que como el resultado de un fundamental proceso de reflexión. En no pocas ocasiones el empleado público, sin duda, por cansancio y falta de respuesta adecuada durante años, toma la alternancia en esos órganos superiores con cierta resignación, más como una tirada de dados que como una jugada de ajedrez. Más fortuito que calculado, olvidando que existe una auténtica ciencia de la gestión pública y que, en todo caso, cada uno, con su voto, en el sumatorio de todos, puede aportar la solución a los problemas a través de una exigencia real de cambio.
Tal vez sea el momento de pararse a pensar, entender que la gestión de personal basada en promesas de coyuntura electoral, soluciones adanistas y la expectativa de mantenimiento de un estatus individual de comodidad, no es lo que realmente interesa a un modelo de futuro.
No parece que sea posible seguir manteniendo sistemas de empleo público asentados en una distribución de funciones, carrera profesional y retribuciones que, en el mejor de los casos, debe ser calificado como caótico. Un sistema asentado en una idea de “formación” que atiende exclusivamente al interés de sumar los puntos necesarios para poder acceder a pírricas promociones. No es admisible un sistema en el que magníficos profesionales con vocación de servicio público no disponen del marco adecuado para desarrollar mejor sus capacidades. El talento y la capacidad deben tener, para todos, el adecuado espacio de desarrollo.
Señalar en el año 2017 que el personal al servicio de una organización debe involucrarse de manera motivada en ella, asumiendo sus fines institucionales y objetivos de futuro, es tanto como tratar de explicar la importancia de las nuevas tecnologías en nuestras vidas. Pero esta afirmación tan obvia en algunos sectores, precisamente los de mayor éxito empresarial y reconocimiento social, no acaba de capilarizar los cimientos de la organización administrativa.
El resultado, es un retraso comparativo con otras organizaciones complejas y una enorme brecha entre buena parte del personal y la propia organización pública; grieta que sólo es ocultada por la inercia de un trabajo que se desarrolla día a día, mes a mes, año a año, pero sin la ilusión y el compromiso que sería deseable. Y es que, esta ilusión y vínculo con la organización debe obtenerse a través del convencimiento. Esta alianza no se puede forzar, más allá de una ligadura mantenida formalmente a través de la existencia de un marco normativo y la dinámica de una inercia, poco enriquecedora, en el desempeño de funciones.
Por supuesto, la Universidad y su relativamente pequeño ámbito de personal no es ajena a esta situación. Eso sí, con una peculiaridad importante: en la organización universitaria conviven dos tipologías, el personal docente e investigador y el personal de administración y servicios. Colectivos que responden a dimensiones diferenciadas tanto en el desempeño de sus funciones como en el régimen profesional.
La integración de ambos colectivos en la vida universitaria debería ser mucho más plena, con una mejor y más convergente ordenación de sus funciones en un modelo de personal en el que sea más sencillo asumir los valores de la ilusión y el compromiso con unos objetivos comunes. De manera bidireccional, el trabajo de unos refuerza a los otros y para ello hay que compartir mucho más, junto a una caracterización profesional convergente y tangible. Sólo de esta manera se tendrán, en esta o cualquier otra Universidad, rendimientos superiores.
No es este un camino que vaya a recorrerse mágicamente en un corto periodo, pero, sin duda, es una marcha que debe ser iniciada si no queremos perder el ritmo marcado por una sociedad competitiva y exigente, pero también necesitada de los ejemplares valores de la Universidad. Ahora es el instante histórico para marcar un hito entre todos y comenzar con determinación el trayecto.
Los momentos previos a unas elecciones son momentos de valentía, de aquella que suele tenerse cuando aún no hay que demostrar nada sobre el terreno; de arrojo en los ofrecimientos; de energía en la confirmación de expectativas; de manifestar la imbatibilidad de quien muestra su proximidad y cariño en el colectivo al que se dirige su mensaje proselitista. Este escenario ha podido ser admisible hasta la fecha y repetirse cada cuatro años, pero la realidad nos evidencia que nada de eso suele producir demasiado rendimiento y éxito, más allá de mantener un nivel de indolente comodidad asentado en la inercia, cuando no, provocar una enorme frustración profesional.
Nos merecemos un definitivo cambio de modelo, ya que podemos dar más y mejor. Es una gran responsabilidad que comienza individualmente para acabar en un esfuerzo colectivo. No debería perderse la perspectiva; no debería anularse la capacidad de pensamiento; y, sobre todo, no debería perderse la oportunidad de cambiar el sistema de gestión para una Universidad que, tras ochocientos años, se ha ganado su mejor futuro que es el de todo su personal.
