La adhesión del Ejecutivo autonómico a la Facilidad Financiera para este año fue aprobada mediante Resolución de 26 de diciembre de 2017 de la Secretaría de Estado de Hacienda. A lo largo de 2018, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha ido fijando la distribución trimestral de recursos entre las autonomías con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.
Así, en su reunión del 28 de junio, asignó a Castilla y León un total de 115,97 millones correspondientes a las necesidades de endeudamiento del periodo que va de julio a septiembre. Para acceder a estos fondos, es preciso que la Junta acuerde sumarse al mecanismo ideado para facilitar liquidez a las comunidades ?tal y como recogen la citada Resolución y el Real Decreto-Ley 17/2014 de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico?, un trámite al que se ha dado cumplimiento esta mañana.
El importe al que accederá la Junta para este tercer trimestre se desagrega en tres partidas: 58,8 millones de euros se corresponden con la cuarta parte del déficit fijado para todo el ejercicio; 38,7 millones con las amortizaciones de deuda previstas, y finalmente 18,47 millones de euros es la cuantía proporcional a la cuota anual reservada para devolver las liquidaciones negativas de 2008 y 2009.
Esta financiación se instrumentará mediante una segunda adenda al préstamo de 618,31 millones de euros suscrito el pasado 8 de marzo, a través del que se materializó la adhesión de la Comunidad a la Facilidad Financiera en el primer trimestre. Éste fue también el procedimiento seguido para formalizar la misma operación en el segundo trimestre, que permitió a Castilla y León obtener 218,24 millones para hacer frente a sus necesidades de liquidez en ese periodo.
Ello implica que el préstamo que se suscriba ahora mantendrá las mismas condiciones atractivas que los anteriores. El plazo de devolución es a 10 años ?con dos de carencia y los ocho restantes de amortización? y a un tipo de interés equivalente al coste medio de la deuda del Estado a un plazo similar.
Conviene recordar que la incorporación al compartimento de Facilidad Financiera, que hasta septiembre de 2018 suministrará a la Comunidad préstamos por una cuantía global de 952,52 millones de euros, carece de condicionalidad fiscal, es decir, no obliga a elaborar ningún plan de ajuste. A esta herramienta sólo pueden acudir las administraciones que han respetado los compromisos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y el periodo medio de pago a proveedores.
