La Plataforma Social de Castilla y León ha valorado positivamente la reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia aprobada el 16 de julio en el Congreso, aunque ha avanzado que vigilará su aplicación en la Comunidad durante el año fijado para adaptar la normativa.
El colectivo ha lamentado que el texto no impida a los gobiernos autonómicos apostar por servicios de bajo coste, pero ha celebrado que refuerce la atención personalizada, proteja la dignidad de los usuarios y priorice los cuidados en el hogar para favorecer una vida independiente.
La entidad ha destacado la inclusión de históricas demandas, como hacer públicas las inspecciones, eliminar incompatibilidades, reconocer la figura del cuidador familiar, asegurar empleo de calidad y eximir del pago de IRPF a las prestaciones económicas.
Asimismo, ha resaltado la obligación fijada al Estado para financiar el sistema y la prohibición de que las autonomías recorten su aportación cuando suba la estatal, evitando episodios pasados en Castilla y León en los que el incremento del Estado no redundó en un beneficio real tras restar los copagos.
