La Junta de Castilla y León ha anunciado que acatará el Real Decreto ley por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, cuya convalidación se debate hoy en el Congreso de los Diputados.
Sin embargo, tal como adelantó el presidente Alfonso Fernández Mañueco hace semanas, el Gobierno autonómico ya prepara la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra esta normativa.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado hoy, la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aseguró que la Comunidad cumplirá con la ley. No obstante, insistió en que se está formalizando el recurso ante el Tribunal Constitucional al considerar que la norma es "injusta", "impuesta" e invade competencias propias de las comunidades autónomas.
Isabel Blanco, quien sustituyó al portavoz Carlos Fernández Carriedo, ausente por su asistencia a una reunión en Madrid sobre los aranceles de Estados Unidos, criticó que el Gobierno de Pedro Sánchez impuso esta ley "sin negociación" con el objetivo de "satisfacer a sus socios separatistas".
La consejera señaló que esta normativa implica la acogida por parte de Castilla y León de 309 menores migrantes no acompañados, en una comunidad que ya atiende a unos 180 menores a pesar de contar con solo 130 plazas de acogida.
La vicepresidenta de la Junta acusó al Gobierno central de estar acostumbrado a las "cesiones" con sus socios y de "mercadear" con los menores que han llegado a territorios como Canarias, tras el pacto alcanzado con Junts. "Eso no es aceptable", afirmó la titular de Familia.
Asimismo, Isabel Blanco instó al Gobierno a abordar la política migratoria, por su carácter "de Estado", desde el diálogo y la colaboración con las comunidades autónomas. También reclamó un mayor "control de fronteras", con la implicación de la Unión Europea a través de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), así como el establecimiento de medidas en los países de origen de los migrantes.
Finalmente, la vicepresidenta de la Junta lamentó que, en lugar de diálogo, el Gobierno haya optado por la "imposición" y la "cesión permanente" a los "chantajes" de sus socios. Por ello, defendió la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional, una vía que también seguirán otras comunidades autónomas como Aragón y Andalucía.
