Hace 15 años que la Junta de Castilla y León puso en marcha la distinción ‘ÓPTIMA Castilla y León’, cuya finalidad es incentivar y reconocer la labor de las empresas y entidades que trabajan en favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como lograr la máxima difusión pública de las iniciativas de las empresas en dicho ámbito. Ahora la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades da un impulso definitivo a esta distinción con el objetivo de que a las empresas les sea rentable conseguir la distinción ‘ÓPTIMA’, no sólo en el ámbito de la responsabilidad social y de los beneficios sociales que pueda obtener sino también en lo relativo a ventajas y competitividad.
Este es el motivo fundamental de que esta distinción pase de regularse mediante una Orden como hasta ahora a regularse por Decreto, ya que la Junta de Castilla y León quiere promover e impulsar que todas las empresas de Castilla y León apuesten por la igualdad laboral y que se conviertan en empresas socialmente responsables que trabajan por una sociedad más justa e igualitaria. Además, este Decreto es fruto de la participación y del consenso con los agentes económicos y sociales, CCOO, UGT y CECALE en el marco del Diálogo Social.
Aspectos clave del decreto de la distinción ‘ÓPTIMA Castilla y León’
El decreto pretende actualizar y modernizar la distinción ‘Óptima Castilla y León’, adaptándola a la realidad actual ya que, tras 15 años de existencia de la distinción, que ostentan más de 70 empresas de Castilla y León, parece aconsejable reformularla para convertirla en un instrumento eficaz para la igualdad en la empresa. En este sentido, la nueva norma se va actualizar y adaptar a la nueva normativa sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y a los nuevos procesos técnicos de implantación de acciones de igualdad en el ámbito laboral.
Uno de los aspectos esenciales del decreto es que establece los efectos derivados de la obtención de la distinción ‘ÓPTIMA’. Se quiere propiciar que las empresas comprometidas con la igualdad sean tenidas en cuenta en las licitaciones de contratos que efectúe la Junta de Castilla y León y en las subvenciones que se convoquen dirigidas al sector empresarial.
En concreto, y en el ámbito de la contratación, la Distinción Optima acredita oficialmente que la empresa o entidad realiza actuaciones que repercuten positivamente en la igualdad de oportunidades, y por ello será considerada como documento oficial con valor probatorio en aquellas licitaciones que incorporen clausulas sociales, facilitando así el reconocimiento de esta condición y permitiendo simplificar las cargas burocráticas de las empresas, todo ello en el marco de la nueva legislación de contratos del sector público que entrará en vigor próximamente y que introduce nuevos avances en materia de cláusulas sociales que primará a estas empresas. Además, y en el ámbito de las ayudas públicas y subvenciones, se establece expresamente que las bases reguladoras de las subvenciones podrán valorar, entre otras medidas, la obtención del distintivo ‘ÓPTIMA’ a la hora de obtener dichas subvenciones.
El tercero de los aspectos esenciales del decreto es la mejora en el proceso de concesión, dotándole de mayor rigor y a la vez mayor flexibilidad y rapidez, simplificando la burocracia a empresas y entidades. Así, establece con claridad los requisitos para su concesión: tener implantados planes de igualdad, contar con comités de igualdad, tener un protocolo de acoso sexual, etc., y todo ello debe ser acordado con la representación legal de los trabajadores y garantizar su aplicación por parte de la dirección de las empresas.
Además, se añade una nueva modalidad “Óptima Transfronterizo” para aquellas empresas que desarrollen su actividad en el ámbito territorial transfronterizo entre Portugal y Castilla y León, que tiene carácter temporal, hasta 2019, dentro del proyecto europeo GEMCAT para crear empleo de calidad en las zonas fronterizas entre España y Portugal. Y por último, se regulan los criterios para valorar las actuaciones y conceder la distinción, cuyos reconocimientos tendrá vigencia de cuatro años y no sine die como hasta ahora.
