Después de que varias comunidades autónomas, entre las que se encuentra Castilla y León, solicitasen con urgencia la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Inmigración, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, citó telemáticamente a los consejeros competentes en la materia, a la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) y a los alcaldes de las principales ciudades del país –según sus propios criterios–.
La reunión celebrada esta tarde para analizar la crisis migratoria que está viviendo el conjunto del país, así como la distribución y atención de las personas que están llegando a territorio español, ha sido “insuficiente”. Un calificativo utilizado por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, también para referirse a las explicaciones de José Luis Escrivá.
La Junta de Castilla y León ha manifestado, en primer lugar, que Castilla y León es tierra de acogida y solidaria y ha mostrado su apoyo a la comunidad de Canarias ante la situación que está atravesando como consecuencia de la llegada masiva de inmigrantes. Por ello continúa insistiendo en que el espacio de diálogo para abordar este problema debe ser la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Inmigración, órgano de cooperación multilateral a través del cual sí se puede llegar a acuerdos y tomar decisiones y en el que pueden participar otros departamentos ministeriales.
La consejera ha subrayado que el Gobierno de España no ha estado a la altura de las circunstancias, de la crisis humanitaria y migratoria que se está produciendo, actuando con deslealtad hacia las comunidades autónomas. En la reunión, Blanco ha solicitado al ministro información sobre los migrantes que van a venir a Castilla y León y no ha aportado nuevos datos de dónde, cómo o cuándo van a venir.
Si bien la acogida de inmigrantes en sus dos primeras fases –acogida e integración– es competencia del Gobierno de España, como ha manifestado el ministro Escrivá, ésta debe hacerse de manera coordinada con las comunidades autónomas, ya que la atención social, sanitaria, educativa o de tutela en el caso de que haya menores no acompañados son competencias de la Comunidad, como está ocurriendo con algunos desplazados. Estos recursos no se pueden organizar correctamente si no se contacta previamente con la Junta de Castilla y León.
La consejera ha señalado que es la primera vez que el Gobierno central no comparte la imprescindible información con las comunidades autónomas, realizando en este caso un reparto de migrantes por las diferentes comunidades sin previo aviso. Y ha recordado que, en la crisis de refugiados provenientes de Afganistán, en agosto del 2021, Castilla y León acogió a 224 personas, siendo una de las comunidades que más refugiados recibió. En esa ocasión, previa a la llegada de estos, hubo reuniones con la Delegación del Gobierno –siguiendo instrucciones del Ejecutivo de España–, informando sobre el dispositivo de acogida organizado en Castilla y León, adjuntando los datos de las personas derivadas y la previsión de su llegada.
De la misma manera que en la crisis de refugiados provenientes de Ucrania, con más de 4.000 personas desplazadas con protección temporal a Castila y León, se mantuvieron nueve reuniones entre el 1 de marzo y el 8 de abril entre el Ministerio o la Delegación del Gobierno en Castilla y León para coordinar la llegada y atención de estas personas, en la crisis actual no solo no ha habido reuniones, es que ni siquiera hay, hasta el momento, información de cuántos vienen y dónde.
Es por ello por lo que las meras explicaciones a posteriori recibidas en la reunión telemática de hoy son “insuficientes”, según ha indicado la consejera, para abordar un problema nacional de este calado. Blanco ha manifestado que no se ha facilitado la información solicitada ni nuevos datos sobre la llegada de más migrantes a la Comunidad, aportando el ministro unas explicaciones vagas y difusas sobre la crisis migratoria que se está viviendo. Por ello, la responsable del departamento de Familia ha vuelto a solicitar durante el encuentro virtual la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Inmigración, a la que deberían de incorporarse otros ministerios.
