Gerencia Regional de Salud de Castilla y León fija los servicios mínimos por la huelga de los 60 trabajadores que atienden las llamadas telefónicas del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias de Castilla y León, que se prolongará los días 15 y 16 de julio.
La convocatoria de huelga incluye los tunos completos de 18.00 a 2.00 horas y de 23.00 a 7.00 horas del día anterior al día en que se realiza la convocatoria de huelga abarcando, igualmente, el último turno que se inicie tal día y que terminará cuando finalicen esos turnos (de 18.00 a 2.00 horas y de 23.00 a 7.00 horas.
En concreto, según recoge el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) en su edición de hoy, los profesionales asignados como mínimos son 25, distribuidos en 14, durante la jornada de mañana; once, jornada de tarde, y jornada de tarde noche, entre tres y cuatro.
Se trata de la primera huelga que estos trabajadores protagonizan en 20 años, y estará acompañada de una protesta que se concentrará en la sede del 1-1-2, en el paseo Hospital Militar 24, en Valladolid. La manifestación se dirigirá hasta la sede de las Cortes de Castilla y León.
La huelga, aprobada en asamblea, se produce "como medida ya inevitable ante años de pasividad por parte de los responsables de sus precarias condiciones laborales". "Tras años de protestas sin respuesta, esta huelga es la primera que se promueve en 20 años de existencia del servicio, con intención de mantenerla y dilatarla hasta que sean atendidas sus peticiones, desoídas hasta la fecha tanto por la Junta como por las empresas adjudicatarias, motivo que ha impulsado esta decisión", explicaron hace unas semanas los trabajadores en un comunicado.
"La respuesta y resolución de una emergencia cuando llamamos al 1-1-2 es una circunstancia que nos afecta a toda la ciudadanía. De las personas que se encuentran al otro lado del teléfono, depende que nuestra emergencia sea comunicada y gestionada en tiempo minimizado por los organismos correspondientes (Sacyl, Policía, Guardia Civil, Bomberos…). Son estos trabajadores los que se encuentran en una situación límite de precariedad, estrés y presión laboral", añadieron.
Hace más de dos años, en las Cortes, se alcanzó el compromiso de garantizar medidas de mejora en las condiciones laborales, y a dirigir una serie de iniciativas que culminasen con un nuevo marco laboral para los trabajadores, hasta ahora inconcebiblemente sometidos al convenio colectivo de la venta telefónica. "No se ha cumplido nada de lo acordado. La situación actual incluso ha empeorado, sometidos al mismo convenio, subcontratados por la Junta a empresas que continúan presionando económica y laboralmente al personal de sala, y que, sin embargo, aumentan cargos directivos y sueldos para estos últimos. Tanto es así, que los últimos pliegos publicados fueron paralizados por el Tribunal de Contratación por no recoger las antigüedades del personal entre otras irregularidades graves", añadieron.
A ello unen que sus salarios siguen congelados desde 2009, hasta el punto de que las únicas mejoras se han debido a que el convenio de venta telefónica establecía salarios menores que el salario mínimo, y han decidido acomodarse a éste. "La plantilla está cobrando prácticamente el salario mínimo interprofesional, sin el plus de emergencias creado a tal efecto en otras comunidades, sin antigüedad remunerada, y trabajando en condiciones muy adversas que culminan en grandes colas de llamadas sin atender, debido a la falta de personal y de organización (circunstancia que debería siempre denunciar aquel ciudadano que se vea afectado por ella)".
"En la actualidad, una empresa designada directamente en contrato de emergencia con el único fin de salvar un periodo de pocos meses, acuerda con la Junta un proceso de reestructuración del servicio en el que se deshacen las pocas mejoras existentes: un acuerdo interno y una rotación racional antiestrés de turnos de trabajo. Ambas cosas se quieren demoler. Y se pretende legalizar esa demolición a posteriori, incluyendo la nueva situación en los pliegos de condiciones, pactados según nos tememos, entre la Junta y esta empresa".
"Nunca en 20 años se había vivido está situación en la que los límites entre administración y empresa privada son absoluta y preocupantemente difusos. La situación actual ha llegado a un punto especialmente inadmisible, con turnos no de ocho sino hasta de once horas de trabajo seguidas, y de diez días seguidos, circunstancias límite nunca vistas en estos veinte años y con gran impacto psicológico para el personal que atiende llamadas de emergencia, entre los que se han dado de baja numerosos veteranos que huyen impotentes del servicio, y otros se encuentran en situación de IT por estrés. Esta circunstancia sin duda va en detrimento de la calidad de este servicio vital".
Por último, denunciaron que la Junta no recibe a los representantes de los trabajadores con el argumento de que esta plantilla no tiene ninguna relación con el 1-1-2 porque pertenecen “a una empresa” subcontratada. "Este disparate no es sólo un atropello a la razón: es un desprecio a mujeres y hombres que demuestran cada día su profesionalidad. Tras una pandemia en la que sí era personal esencial y crítico, que ha dejado exhausta a la plantilla, el reconocimiento al esfuerzo es aumentar si cabe, la precariedad de las condiciones laborales".
"Este cúmulo de barbaridades y la falta de audiencia y negociación, obliga a la plantilla a tomar la iniciativa de ejercer el derecho de huelga. Se pretende recuperar la profesionalidad, romper esta cadena de irregularidades y desprecios, valorar el trabajo vital que se realiza, y trabajar en condiciones dignas. Por el camino actual, el ciudadano será atendido, en medio de un incendio, de un accidente, de una enfermedad, por un personal con amplia rotación de nuevos trabajadores, mal formado, descontento, agotado y olvidado por directivos y administraciones", concluyeron.
