Tres de cada cuatro beneficiarios de las ayudas al alquiler de viviendas de Castilla y León son ciudadanos españoles y el resto extranjeros con permiso de residencia “legal”, que aportan “población”, “trabajo” y actividad a la Comunidad. En concreto, la resolución de la convocatoria correspondiente a 2023 atendió a 13.946 personas con nacionalidad española, el 75,56 por ciento, mientras 4.510 eran foráneos, el 24,44 por ciento, que tienen “los mismos derechos”, según explicó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
En la presentación este miércoles de los datos pormenorizados de las ayudas al alquiler, tras emitir este lunes y martes las órdenes de pago desde la Tesorería de la Junta, Suárez-Quiñones explicó que su departamento estudia mejoras en la gestión de carácter técnico que se incorporarán en las nuevas bases de las ayudas, que verán la luz después del verano, para la convocatoria que se publicará a finales de 2024 y que se resolverá en 2025.
En ese sentido, el titular de Vivienda aseguró que se revisará el procedimiento de renovación, aplicado este año y que ha agilizado el procedimiento de resolución, porque reconoció es “difícil” mantener este sistema en el futuro porque el beneficiario tiene que demostrar que cumple las condiciones exigidas en las ayudas en cada convocatoria, ya que señaló tienen que gestionar el dinero público con “exactitud” y “mucha pulcritud”.
De esta forma, Suárez-Quiñones reconoció que están evaluando la “complejidad” de este modelo que en la convocatoria de 2023 generó 10.117 expedientes de renovación, frente a los 8.339 de nueva tramitación. Por ello, pretenden analizar si esta opción, introducida como novedad en la última convocatoria, ofrece la eficiencia suficiente para mantenerse en la siguiente, en la que además se pretende potenciar la solicitud telemática para simplificar la gestión administrativa, junto a otras mejoras, como la posibilidad de introducir criterios de progresividad, con el objetivo de que quien más lo necesite, reciba también más fondos.
Otra de las cuestiones que tendrá en cuenta Vivienda en la nueva convocatoria será el límite de la renta que abona el solicitante, fijada en 550 euros para los núcleos urbanos y 450 para los rurales, dada la evolución del mercado del alquiler con precios al alza. Suárez-Quiñones explicó que hacen un estudio de mercado sobre lo sucedido en 2024, pero indicó que las ayudas de la Comunidad no son generales para todos los arrendatarios, sino que tienen un objetivo social, para llegar a las personas con más necesidades, ya que señaló esta línea tiene un “techo” y no puede escalar en cuanto a su presupuesto de forma “infinita”.
