La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo confirmó, mediante providencia emitida el pasado 5 de marzo, la sentencia de 29 de febrero de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anuló el acuerdo de 11 de marzo de 2022 de la Junta de Castilla y León por el que se aprobó la adaptación del Plan Integral de Residuos de la Comunidad, debido a que el documento no se sometió a participación pública.
De esta forma, según informa Ecologistas en Acción y pudo corroborar Ical con el acceso a la providencia, el Alto Tribunal inadmite el recurso de casación interpuesto por la Junta de Castilla y León contra la sentencia del TSJCyL.
La actualización realizada por la Junta, ahora anulada de manera firme, revisó el modelo estratégico de gestión y los programas de actuación del “obsoleto” Plan Regional de Residuos vigente desde 2016, cuya ejecución, según afirma Ecologistas en Acción, está resultando “un fracaso tanto por el aumento en la generación de residuos de todo tipo como por las bajas tasas de recuperación y reciclado en la región”, como reconoce el propio documento anulado.
La sentencia pone de manifiesto que la adaptación del Plan Integral de Residuos de Castilla y León, a diferencia del Plan original que revisa, ha obviado la obligada información pública, no ha sido informada por el Consejo Regional de Medio Ambiente, el Consejo Económico y Social, el Consejo Consultivo ni la Federación Regional de Municipios y Provincias y ha omitido la preceptiva evaluación ambiental de los planes y programas en materia de residuos.
Por ello, la providencia concluye, de manera contundente “que estamos en presencia de una revisión cuya tramitación exige que se respete el derecho constitucional a la participación recogido en los artículos 9.2 y 23.1 de la Constitución Española”, dada la amplitud y alcance de los cambios introducidos en el Plan Integral de Residuos, imponiendo el Tribunal Supremo las costas del recurso de casación inadmitido a la Junta de Castilla y León.
Ecologistas en Acción recuerda al consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y a la Junta de Castilla y León que “deben respetar los procedimientos legales y los procesos de participación pública, que tan a menudo dejan de lado en sus decisiones ambientales”. Por ello, la organización ambiental reclama la elaboración participada de un nuevo Plan Integral de Residuos de Castilla y León que permita cumplir los objetivos legales de reducción, reutilización y reciclado, y se adapte a la vigente Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.
