El Ayuntamiento de Salamanca lleva meses con un conflicto sobre la mesa. Por un lado, los responsables municipales y una nueva valoración de los puestos de trabajo. En el otro, los bomberos, que entendían que la realidad de su profesión no estaba suficientemente reflejada en los números de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Finalmente, el conflicto acabó en los tribunales.
La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Salamanca ha estimado parcialmente el recurso presentado por la Agrupación Profesional de Bomberos contra el acuerdo aprobado por el Pleno municipal el 25 de julio de 2025.
La sentencia, la número 92/2026, fechada el pasado 21 de mayo, considera que parte de aquella decisión del Ayuntamiento no es conforme a Derecho.
Existen cinco factores tienen especial importancia, el primero es la peligrosidad, el denominado Factor I, relacionado con esa peligrosidad inherente al servicio. Después el Factor J, referido a la turnicidad cerrada de 24 horas. También está el Factor K, relacionado con la dedicación especial y el régimen de incompatibilidad. A ellos se suman la fatiga física, recogida en el Factor G, y la responsabilidad derivada del mando operativo, correspondiente al Factor E. Precisamente sobre estos elementos se centra buena parte de la batalla judicial.
Los bomberos han recibido la sentencia con una sensación que ellos mismos califican de “agridulce”. Hay satisfacción porque el tribunal ha respaldado parte de las cuestiones que venían defendiendo. Es decir, la Justicia ha considerado que determinados elementos de las condiciones de trabajo de los bomberos no fueron correctamente contemplados en la valoración municipal.
El colectivo lamenta haber tenido que acudir a los tribunales para defender cuestiones que, a su juicio, deberían haberse solucionado mediante la negociación colectiva.
Los representantes de los bomberos cuestionan que una cuestión relacionada con las condiciones de trabajo haya terminado en los juzgados después de un proceso de negociación que, según sostienen, debería haber permitido alcanzar un acuerdo.
La sentencia puede tener consecuencias económicas, porque estamos hablando de factores utilizados en la valoración de los puestos de trabajo y, por tanto, potencialmente relacionados con las retribuciones.
